La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) presentó ayer en Cáceres una nueva demanda por el recorte salarial a funcionarios públicos y personal laboral decretado por el Gobierno para reducir el gasto público. En este caso la demanda ha sido entregada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), está dirigida contra la Junta de Extremadura bajo la fórmula de demanda de conflicto colectivo y afecta, según las estimaciones del sindicato, a unos 13.000 trabajadores --personal laboral-- de la administración autonómica.
La Federación de Servicios Públicos de UGT pide al tribunal que condene a la Junta a reconocer el derecho de estos empleados, en aplicación del quinto Convenio Colectivo del Personal Laboral de esta administración, a percibir íntegras las retribuciones pactadas para el presente año; es decir, el salario del 2009 más una subida del 0,3%.
Asimismo, el sindicato plantea a la Sala de lo Social del TSJEx la posible inconstitucionalidad del Real Decreto-ley por el que el Gobierno central aprobaba en mayo estas medidas de reducción del déficit, incluido el descenso salarial --del 5,5% de media-- a los empleados públicos. Para UGT, con ello el Ejecutivo incurre en la vulneración del derecho a la libertad sindical; de los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica; y los principios establecidos para la expropiación de derechos, así como la vulneración de las normas básicas que regulan la elaboración y aprobación de los presupuestos.
La federación sindical recordó ayer que antes de iniciar la vía judicial ha agotado las soluciones administrativas. En este sentido, explicó que el caso ha pasado por la comisión paritaria del convenio colectivo --donde están representados trabajadores y la Junta--, donde la propuesta de FSP-UGT fue rechazada tras la reunión mantenida el 15 de octubre. Asimismo, tampoco se alcanzó un acuerdo en el trámite de conciliación-mediación celebrado el 23 de noviembre ante el Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura.
Presentada la demanda, es ahora el magistrado de la Sala de lo Social del TSJEx el que debe decidir si la admite a trámite y, en caso afirmativo, convocar a las partes implicadas para un acto de conciliación y el juicio.
Además de la vía social, actualmente hay presentadas en los juzgados de lo contencioso-administrativo diversas denuncias por este motivo. Según FSP-UGT las primeras vistas se celebrarán el próximo mes de febrero. El pasado el jueves la sala de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres vio la demanda presentada por CSI-F contra el decreto; en ese caso, el recurso afecta afecta a los 1.200 empleados del consistorio cacereño.
