La consejera de Fomento, María Antonia Trujillo, manifestó ayer a este periódico que ni los constructores ni las autoridades municipales "pueden quejarse de la falta de suelo para viviendas", después de que un informe encargado a la empresa Gestión Integral de Urbanismo y Suelo (Gius) haya desvelado el escaso cumplimiento de los planes generales urbanísticos en Cáceres y Mérida, y en mayor medida en Badajoz. Además, anunció que el estudio se ampliará en breve a la ciudad de Plasencia.
El documento refleja el retraso en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Cáceres y Mérida, y también en Badajoz, donde no se están cumpliendo lo previsto y donde hay paralizadas más de quince mil viviendas que ya deberían haberse desarrollado atendiendo a estos planes, además de no haber aprobado otras quince mil que deben construirse en próximos años.
Trujillo señaló a este respecto que el suelo pendiente de desarrollar "depende de la aprobación de los planes generales municipales", pero, aclaró, "ahora no es posible quejarse de que falta suelo en propiedad ni por la autoridad municipal ni por los empresarios, porque existe una posibilidad actual por la vía del agente urbanizador, que nos da la ley del suelo".
En este sentido, Fomento ha editado recientemente unas guías para informar a los constructores y personas interesadas sobre el estado de los planes urbanísticos en estas ciudades y la disponibilidad de suelo para edificar. Con ellas, explicó, "se trata de decir al agente urbanizador lo que tiene que hacer para desarrollar esas actuaciones e informarle de las unidades de suelo pendiente de desarrollo que hay en Cáceres, Mérida y Badajoz, y próximamente en Plasencia, y ver el desarrollo de los planes".
Trujillo reiteró que "hay suelo pendiente de desarrollar y si hay propietarios que no lo quieren hacer puede venir alguien ajeno a la titularidad del suelo para presentar una oferta de concurso en el ayuntamiento para que la abra y poder edificar", tal y como contempla la figura del agente urbanizador. Así, indicó, se ha hecho en Malpartida de Cáceres, donde se ha utilizado esta figura para desarrollar el polígono industrial.
TRAMITACION LENTA Por otro lado, respecto a la queja de los constructores sobre la lentitud de los ayuntamientos en la gestión de los proyectos, dijo que "no es generaliza", y si se produce en Mérida, indicó, es porque el PGOU es más reciente (del año 2000). En todo caso, la pretensión de la Junta "es que nadie diga que no hay suelo".
El empresario está en el mercado libre "y lo que quiere es edificar y vender viviendas", matizó, pero "la autoridad municipal debe ponerse a disposición del que necesite vivienda".
