La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ordenado el embargo de casi 300.000 euros a Jóvenes Agricultores. El fin, salvaguardar el interés de los perjudicados por las actividades presuntamente delictivas de Luis Cortés.
Se deriva esta resolución del TSJEx del proceso judicial que contra el exdirigente agrario de Coag mantiene abierto el Juzgado de Jerez de los Caballeros por presuntos delitos de fraude en el cobro de ayudas al higo seco y de estafa a numerosos agricultores.
La investigación llevada a cabo desveló la reactivación que del sindicato Iniciativa Rural, al que estaba adscrito Jóvenes Agricultores, realizó Luis Cortés cuando fue expulsado de Coag con el fin de hacerse con unas subvenciones que la Junta tenía que pagar a Jóvenes Agricultores. Este hecho llevó al fiscal a pedir al Juzgado de Jerez que solicitara del TSJEx la retención, a disposición de dicho juzgado, de estas subvenciones. Así lo hizo, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado "requerir a la Administración autonómica que ingrese en la cuenta de la Caja de Depósitos de esta Sala la suma de 280.357,26 euros". Y asimismo, que desde ésta se remita a la del Juzgado de Jerez "en calidad de suma embargada" en el procedimiento contra Cortés.
Para Angeles Jiménez, abogada de 13 agricultores presuntamente estafados, "esta decisión de la Sala del TSJEx significa que se están asegurando ya cantidades para que los agricultores a los que Cortés dejó de pagar puedan cobrar, pues con el dinero de la subvención retenida habría para pagarles, ya que a éstos se les deben unos 240.000 euros".
Otra resolución judicial adoptada en el proceso que se sigue contra Luis Cortés es la decisión del juez de Jerez de prorrogar la intervención judicial de la sociedad cooperativa Iniciativa Rural por un nuevo plazo de 12 meses.
NECESARIO En el auto dictado al respecto, el juez recuerda que la intervención judicial y nombramiento de un administrador judicial que se acordó el 31 de enero del 2005 "vino motivada por la existencia de numerosas irregularidades producidas en la gestión y administración de la misma por Luis Cortés que, como principal maquinador y artífice, aunque si bien en compañía y colaboración de otras personas, consiguió llevar a dicha sociedad prácticamente a la ruina, dejando a los cooperativistas sin el cobro de la producción que habían entregado".
Se estima, asimismo, que la medida de intervención judicial y de nombramiento de un administrador judicial "puede calificarse en este momento de muy acertada", ya que gracias a ello "ha podido remontar la crítica situación en que la dejó Luis Cortés, de hecho, se ha llevado a cabo la venta de producción del 2005, se ha fijado un domicilio social dela cooperativa y ésta comienza a tener liquidez".
Pese a ello, en el auto judicial se concluye que esta intervención debe continuar, "porque la causa penal, aunque muy avanzada, no está finalizada, y poner ya la gestión en manos de los cooperativistas podría derivar en que la cooperativa no pueda remontar definitivamente la situación deficitaria y desastrosa en la que se encontraba, además de obstaculizar o entorpecer la instrucción de la causa".
