Los trámites para que la universidad privada llegue a Extremadura siguen adelante. Su creación está contemplada en el Estatuto de Autonomía pero necesita un desarrollo legal que nunca se ha realizado en la región y que ya está en su tramitación final.
La Consejería de Educación hizo público ayer los borradores de los anteproyectos de ley de reconocimiento de las dos universidades privadas que quieren instalarse en Extremadura. Se trata de la Universidad Internacional Augusta Emérita, promovida por un grupo de empresas y docentes «con fuertes vinculaciones universitarias» agrupados en la entidad Proactiva Online de Educación Superior SL; y de la Universidad Abierta de Europa Extremadura, cuya entidad promotora es la Escuela Europea de Estudios de Posgrado SA. Ambas tendrían su sede en la ciudad de Badajoz e impartirían formación superior a distancia, aunque el proyecto de Augusta Emérita, especifica la normativa, sería «en la modalidad no presencial parcial» (semipresencial).
Cada uno de los proyectos requiere de su propia ley de reconocimiento, pero según el borrador, para ambos se establecen las mismas condiciones de funcionamiento. Entre ellas, destaca que deberán presentar a la Junta anualmente una memoria de sus actividades docentes e investigadoras, así como otro informe al finalizar cada curso con datos sobre el alumnado matriculado, el personal docente e investigador contratados, el personal de administración y servicios y las actividades realizadas. Además, cada campus tienen que comprometerse a funcionar un periodo mínimo que permita a los alumnos terminar la formación en la que se hayan matriculado.
Para iniciar la actividad académica, además de un marco normativo legal, deberán contar con una autorización posterior de la administración que tendrá que solicitarse como máximo en un plazo de 4 años desde la entrada en vigor de la ley de reconomiento. Antes de dicha solicitud, el centro deberá garantizar la viabilidad financiera del proyecto, que se calculará en función de la oferta docente.
Tras concluir el plazo de 15 días de información pública, los dos anteproyectos de ley pasarán por el Consejo de Gobierno y posteriormente se someterán a la decisión de la Asamblea extremeña, donde de momento, cuentan ya con el apoyo de la diputada de Ciudananos, según dijo ayer en la radio pública. En cualquier caso, cada uno de los títulos que estos centros quieran impartir deberán ser homologados por la Anecan, dependiente del ministerio de Educación.
Desde la Consejería de Educación también valoran estos proyectos, que se registraron hace más de un año. Eso sí, siempre han defendido que no deben suponer una competencia para la universidad pública. «Los centros privados ofrecen una oferta formativa que en todo caso complementa la de las universidades públicas no sustituyéndolas de ningún modo ni compitiendo tampoco con ellas», recogen los borradores de ambos anteproyectos de ley que sitúan más cerca la llegada de la universidad privada a Extremadura .
