Nuevo movimiento de desde Extremadura para tratar que el Congreso de los Diputados rechace el jueves la enmienda que pone en riesgo miles de puestos de trabajo en varias plantas de energía termosolar proyectadas en la región. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, pidió ayer por escrito a Presidencia del Gobierno que interceda para evitar la aprobación de esa propuesta, que supondría la derogación de la ley 6/2009 sobre instalaciones de energías renovables y limitaría la construcción de este tipo de plantas hasta el punto de paralizar algunas que ya están en ejecución.

El presidente autonómico se reunió ayer por la mañana en Mérida con representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de la Confederación Regional de Empresarios para concretar los términos de la misiva. En ella, se reclama paralizar esa enmienda. Primero, por las repercusiones que tendrá sobre el empleo, ya que la construcción de cada planta termosolar genera más de medio millar de puestos de trabajo y en su mantenimiento, otros 40 fijos. Actualmente hay 12 instalaciones en ejecución en la región: una de ellas se inaugurará en noviembre y el resto con previsión de empezar a operar en los próximos tres años --sumarían más de 6.000 empleos--. Sin embargo, esta iniciativa parlamentaria, aprobada el pasado miércoles en el Senado a instancias de CiU y con el apoyo del PSOE, puede suponer la paralización de buena parte de estos proyectos y de otros que ya cuentan con los permisos administrativos. Porque si la enmienda sale adelante, solo se podrían construir hasta 800 megavatios de potencia instalada para este tipo de energía en toda España, cuando ya hay casi 200 en funcionamiento y solo en Extremadura hay 600 en construcción.

Pero también por la desconfianza e inseguridad que esta medida generaría en los inversores, que podrían marcharse a otros países. Porque la ley 6/2009 exige una serie de autorizaciones administrativas y condiciones económicas --como disponer de buena parte de la financiación o tener adquiridos los principales equipos de la planta-- que suponen un fuerte desembolso aún antes de empezar las obras --hasta 40 millones de euros, según fuentes del sector--. Con la aprobación de la enmienda la mayor parte de los proyectos quedarán en el aire y, con ellos, el dinero que llevan aparejados --cada instalación requiere inversión próxima a los 300 millones de euros--. Según el presidente regional, más de 40 de los 100 proyectos termosolares recibidos el Ministerio de Industria durante el pasado verano para ser inscritos en el registro Estatal y recibir la prima actual por generación de energía procedían de la región.

Por eso Vara insta al Gobierno a tomar cartas en el asunto, rechazar la enmienda y dar al sector una regulación "equilibrada y estable, para poder tomar decisiones a medio y largo plazo".

El consejero de Industria, José Luis Navarro, ya avanzó el pasado viernes que la Junta había entablado contacto con el ministerio y con el grupo socialista en el Congreso para transmitirles las negativas repercusiones que la enmienda tendría en la región. Pero además, fuentes del sector, apuntan a que estos mismos movimientos se están ejerciendo desde Andalucía y Castilla-La Mancha, las otras dos grandes regiones con potencial termosolar. En este sentido, los esfuerzos se están centrando en conseguir que los diputados de estas tres comunidades autónomas rompan la disciplina de partido y voten el jueves contra la enmienda. El segundo objetivo es que el mensaje cale en los grupos parlamentarios para tener garantías de que la propuesta legislativa será rechazada.