Justo cuando se cumplen cuatro años de su detención, José Luis Viñuela, Juan Cerrato y José Villa se sientan en el banquillo para responder ante el juez por las supuestas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Institución Ferial de Extremadura (Feval). La vista oral por el caso más sonado de corrupción en Extremadura arrancó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, donde los exdirectivos socialistas serán juzgados hasta el viernes por delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y falsedad de documento mercantil.

Una doble contabilidad con un desfase de casi 182.000 euros entre 2005 y 2009; el fraccionamiento de contratos para su adjudicación a dedo o el uso de los trabajadores y recursos de Feval en beneficio propio son algunas de las acusaciones que pesan sobre Viñuela, Cerrato y Villa, para quien la Fiscalía solicita penas de 21,5, 11,5 y 9,5 años de prisión. Estaba previsto que los tres declararan ayer, pero finalmente solo dio tiempo a que lo hicieran Viñuela y Cerrato, exdirector general y exadministrador. Villa, subdirector, comparecerá hoy junto a los 10 primeros testigos de la veintena que están citados a declarar.

Viñuela reconoció que como director general de Feval de él dependían cuestiones como la gestión de los ingresos o los contratos, pero alegó que «el máximo órgano de decisión» era la junta rectora, compuesta por representantes de la Junta de Extremadura, las diputaciones y el Ayuntamiento de Don Benito. Aseguró que era él quien al cierre de cada ejercicio presentaba a la junta rectora las cuentas de Feval, unas cuentas que elaboraba el departamento de Administración y que «estaban auditadas». «Yo las presentaba y la junta rectora las aprobaba», dijo el acusado, que indicó que nadie, ni desde dentro ni desde fuera, le alertó nunca de irregularidades o malas prácticas en la gestión. A preguntas del fiscal, Viñuela detalló además que la junta rectora se reunía al menos dos veces al año, e incluso «tres o cuatro» en algunas ocasiones, lo que consideró suficiente para que pudiera estar informada del «día a día» de Feval.

EFECTIVO / También Juan Cerrato confirmó que las cuentas de Feval estaban auditadas y que se informaba a la junta rectora «de todas las decisiones importantes». Como administrador, aseguró que Feval «funcionaba con una caja única» de la que salían todos los ingresos y gastos. Eso sí, reconoció que se trabajaba siempre con efectivo porque «no había tarjetas».

Explicó que el dinero se guardaba en tres cajas de caudales que «dependiendo de la época» podrían llegar a tener entre 6.000 y 7.000 euros «para necesidades que pudieran surgir de los directivos u otros gastos». Las cantidades, detalló, provenían de los ingresos por ferias y otros eventos como bodas. Según explicó Viñuela, las salidas de dinero de esas cajas iban siempre acompañadas del «correspondiente justificante». «Nunca nadie nos indicó que tuviéramos que funcionar de una forma diferente», se defendió Cerrato.

El exadministrador también negó la existencia de un Excel en el que supuestamente los trabajadores anotaban, bajo la denominación ‘A caja Juan’, las cantidades que le entregaban directamente y que se llevaba a su despacho sin justificante. Según dijo, ese Excel solo se utilizaba en los días de celebración de ferias, dado el volumen de movimientos que se generaba, y cualquier anotación «se debería haber trasladado después a la contabilidad oficial».

TRABAJADORES/ Por otra parte, respecto al uso de trabajadores de la institución en el chalé que José Luis Viñuela y José Villa poseen en el embalse de Orellana la Vieja, Viñuela afirmó que estos «nunca» se han desplazado en su horario de trabajo a esta casa para realizar labores de mantenimiento, aunque sí iban allí en fines de semana y días libres. Tan solo algunos operarios habrían realizado trabajos esporádicos de pintura, «igual que en las casas de otros trabajadores de Feval», unas labores que Viñuela abonó «con algún obsequio».

El exdirector también negó que en Feval hubiera vehículos oficiales o chófer, pero sí reconoció que un trabajador le llevó en varias ocasiones a Cáceres, Madrid, Almendralejo o Badajoz (iban en su propio vehículo o en el del empleado). Y respecto a la adquisición de cuadros, aseguró que fue la Junta Rectora quien autorizó la creación de un fondo para la compra de obras de arte bajo el asesoramiento del propio Gobierno autonómico y los museos.

Por último, sobre el fraccionamiento de contratos, tanto Viñuela como Cerrato alegaron que se seguían las recomendaciones de los técnicos. Respecto a la construcción de un centro TIC en Feval, cuyo expediente se modificó para incluir una piscina con jacuzzi y una pista de ‘squash’, Viñuela afirmó que tenía conocimiento de que se estaban realizando pero que no las autorizó, y en cualquier caso apuntó que no supusieron un sobrecoste respecto al presupuesto inicial.

Sobre el fraccionamiento de la Fase I de las actuaciones en tres contratos diferentes (los tres adjudicados a la empresa Everis el mismo día por importes de 49.500, 42.000 y 36.100 euros), negó que se hiciera para burlar la ley, ya que se trataba de «tres cosas distintas que no tenían que ver entre sí». Respecto a los servicios prestados sin contrato rubricado por Clece (limpieza, 605.000 abonados en total) y Gamma XXI (montaje de ferias, 1,2 millones) , ni Viñuela ni Cerrato consideraron que se perjudicara a los intereses generales porque los precios de los servicios «eran inferiores a los de mercado».