CARACAS. El presidente de la patronal venezolana, Carlos Fernández, inició ayer en su residencia de la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, el arresto domiciliario que decretó la juez Gisela Hernández, que le acusa de "rebelión civil e instigación a delinquir" por su liderazgo en el paro opositor contra el presidente, Hugo Chávez. El empresario se mostró "muy feliz de estar en casa" y dispuesto a "seguir la lucha por un país mejor". Tras 16 horas de comparecencia, la juez descartó los delitos de "traición a la patria, asociación para delinquir y devastación", que la Fiscalía General también le imputaba. T. C.
