Al cumplirse ayer 90 días del golpe de Estado que apeó del poder al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, las posibilidades de diálogo estaban por el suelo en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, entre la sangre y los vómitos provocados por el gas tóxico que el pasado viernes, cinco días después de su subrepticio regreso, invadió ese refugio del dirigente derrocado.
Los partidarios de Mel volvieron a la calle y solo la UE confiaba en que el regreso de sus embajadores supondrá "un paso importante para apoyar las negociaciones en marcha para restaurar el orden constitucional y el proceso democrático" en el país centroamericano.
El presidente de facto surgido de aquel golpe militar, Roberto Micheletti, aseguró que, igual que el 28 de junio "nada ilegal pasó y los militares están apoyando la democracia", los soldados se limitan a controlar "la parte de afuera" y "en ningún momento pretenden tocar la embajada brasileña".
Micheletti señaló que la insalubridad se debía a que en la legación diplomática había unas 60 personas, e incluso acusó de los cortes de luz y agua a los 300 seguidores de Zelaya que el lunes acamparon en el lugar.
CRUZ ROJA Pese a que el Consejo de Seguridad de la ONU condenó esas intimidaciones, el cerco militar se estrechó en la embajada, aunque el viernes un delegado de la Cruz Roja entró en el edificio para comprobar el estado de salud de todos, según informó ayer la institución.
El sacerdote Andrés Tamayo, colaborador de Zelaya, dijo desde la sede diplomática que otros "doctores independientes, fieles a la resistencia" atendieron al presidente derrocado de irritación de garganta y del estómago, en un panorama de náuseas, mareos, desmayos y sangrados.
Con los gases se disiparon los conatos de diálogo. El Gobierno de facto impidió que un obispo y un quinto candidato presidencial se reunieran el viernes con Zelaya. Ambos pugnaban por hacerlo ayer, a pesar del muro policial y militar situado frente a las manifestaciones con que el Frente de Resistencia lamentó los 90 días de régimen golpista.
