Los campesinos chinos podrán vender, alquilar o hipotecar el derecho de uso de sus tierras. Es una de las medidas que aprobó ayer el Comité Central del Partido Comunista de China para doblar la renta de las empobrecidas zonas rurales. La reforma, que afecta a 750 millones de chinos, deja a salvo la sacrosanta propiedad estatal del suelo, pero es un paso capital en el proceso de apertura económica emprendida hace 30 años.
La semiliberalización de las tierras era una discusión que venía de lejos. Los dogmáticos la habían bloqueado argumentando que el sistema vigente aseguraba unas rentas mínimas de subsistencia para las familias rurales y que China aún no estaba preparada para absorber el presumible éxodo hacia las ciudades. Pero los problemas que arrastra el campo chino han llevado a aplicar la senda pragmática de Deng Xiaoping, el arquitecto de la China actual, al dejar claro que el gato, blanco o negro, debía cazar ratones.
PROBLEMA DE ALIMENTACION La reforma busca soluciones a los dos mayores problemas chinos: alimentar a la quinta parte de la población mundial con la quinceava parte de las tierras cultivables del mundo y disminuir la brecha creciente con las ciudades. Las 0,67 hectáreas que miden de media las parcelas familiares dificultan la productividad y ponen en peligro el autoabastecimiento nacional de grano, una de las mayores preocupaciones en un país con tradición de grandes hambrunas. Las transacciones, ahora permitidas, agrandarían y rentabilizarían las parcelas. A la vez, la explotación de los derechos de disposición del suelo aumentarían los ingresos de los campesinos. La incógnita es cómo gestionará China el presumible acelerón del trasvase de campesinos a las ciudades.
EL GRAN DILEMA Pekín se ha enfrentado tradicionalmente a un dilema: la voluntad de estimular el trasvase poblacional, para acercarse a un patrón productivo más moderno, y la obligatoriedad de frenarlo, ya que la pobreza del campo sería susceptible de provocar una desbandada a las boyantes urbes del sureste.
El mecanismo de control es el hukou o registro de residencia, que ata a los chinos a su lugar de nacimiento. Ha sido fuente de críticas constantes: el campesino que emigra a la ciudad pierde servicios sociales elementales y se convierte en una suerte de ciudadano de segunda. Hace años, algunos empresarios se negaban a pagarles terminada la obra porque sabían que su situación no les permitía acudir a la justicia. Algunos se quemaron a lo bonzo en la plaza de Tiananmén. Su protección legal ha mejorado, pero su situación dista de ser envidiable.
