La ONU, el Parlamento Europeo y Amnistía Internacional (AI) exigieron ayer al unísono el cierre del centro de detención que EEUU abrió en el 2002 en la base de Guantánamo (Cuba), un complejo donde las torturas están a la orden del día según un informe de los relatores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sus llamamientos chocaron con la cerrazón de la Casa Blanca, que desestimó el documento calificándolo de "refrito" de acusaciones anteriores.

"Los que están allí son peligrosos terroristas", subrayó Scott McClellan, portavoz del presidente George Bush, quien insistió en que los presos son tratados humanamente. "Sabemos que los terroristas de Al Qaeda están entrenados para intentar diseminar falsas acusaciones", añadió. El informe levantó ampollas en Washington porque pone a EEUU en la picota coincidiendo con la publicación de nuevas fotografías de los abusos de soldados estadounidenses contra presos iraquís en la prisión bagdadí de Abú Graib.

"Guantánamo es una enorme mancha en el historial, no sólo de EEUU, sino de todos aquellos que callan y lo toleran", dijo en Estrasburgo el eurodiputado Raúl Romeva, de los Verdes, en el debate previo a la aprobación de una resolución de la Eurocámara que reclama el cierre de la cárcel. "Nosotros hemos pedido de forma insistente el cierre de la prisión de Guantánamo", añadió la directora de la sección estadounidense de AI. "Estados Unidos no puede defender, ni moral ni legalmente, mantenerla abierta".

El informe de los cinco relatores de la ONU fue hecho público ayer en Ginebra (Suiza), aunque había sido filtrado días antes a la prensa internacional. Washington lo rechazó sobre la base de que sus autores no visitaron la prisión, por lo que sus denuncias, señaló el Gobierno, son "de oídas". "La ONU se desacredita cuando un equipo como éste se precipita a elaborar un informe sin examinar los hechos, basándose exclusivamente en las acusaciones", dijo ayer McClellan.

CON ENTREVISTAS Los relatores, en efecto, optaron por no visitar el centro de detención después de que el Gobierno estadounidense les negara el acceso a los presos, algo que sólo consigue el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) debido a que sus informes son confidenciales. Sus conclusiones se basaron en un trabajo de 18 meses con entrevistas a antiguos presos, sus abogados y algunas ONG, y en las respuestas a un cuestionario enviado al Gobierno de EEUU.

Sus denuncias acaban con la petición de cierre de la prisión, donde están 490 de los 760 presos que han pasado por sus celdas. Los relatores de la ONU exigen que se juzgue a estos presos o se los libere, y que EEUU "se abstenga de cualquier práctica que suponga tortura, trato cruel, inhumano o degradante, discriminación con base en la religión y violaciones del derecho a la salud y a la libertad de culto".

Los relatores mostraron su "preocupación extrema" por los intentos de EEUU de redefinir la tortura al amparo de la guerra antiterrorista y pidieron que quienes ordenaran o condonaran abusos comparezcan ante la justicia. La ONU denunció al Ejecutivo por actuar "como juez, fiscal y abogado de los detenidos". La ONU también había expresado su preocupación por las imágenes de Abú Graib difundidas el miércoles por la cadena australiana SBS. El secretario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld, declaró ayer que esas fotos, "así no sean idénticas, corresponden al mismo tipo de comportamiento" que registraron otras imágenes divulgadas en el pasado.