A las seis de la tarde de ayer (medianoche en España), el estado de Florida tenía previsto ejecutar a Paul Hill, un activista pro-vida que en 1994 asesinó al médico abortista John Britton y a su guardaespaldas, James Barrett. El caso, en el que el gobernador Jeb Bush mantuvo su decisión de aplicar una pena de muerte que cree "apropiada", provocó una ola de peticiones de perdón para evitar convertir a Hill en mártir de los fanáticos antiabortistas.
La ejecución llegó un día después de que un tribunal de apelaciones de California conmutara la condena capital a más de un centenar de presos de Arizona, Idaho y Montana, una decisión que ha intensificado el debate sobre la pena de muerte en EEUU.
El tribunal de San Francisco reconoció el martes el carácter retroactivo de una sentencia del 2002 del Tribunal Supremo que estableció que sólo los jurados, y no los jueces, pueden condenar a muerte. La sentencia del martes no afecta a Florida, que está bajo jurisdicción de otro tribunal de apelaciones que en julio negó el carácter retroactivo del fallo.
Hill era uno de los 380 presos que pueblan el corredor de la muerte en Florida, uno de los 38 estados donde está vigente la pena capital y donde, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, el 1 de julio había 3.517 condenados.
Las autoridades de todo el país estaban ayer en alerta por si la ejecución, la primera de un pro-vida por matar a un abortista, desataba una ola de violencia.
