Hamás solía vanagloriarse de pagar siempre a tiempo los salarios de los funcionarios de Gaza, mientras la Autoridad Nacional Palestina (ANP) raramente lo lograba, pese a las donaciones millonarias de la comunidad internacional. Pero desde principios de año, los islamistas pagan tarde y menos. Acuciados por una aparente falta de liquidez, el Gobierno islamista ha decretado más impuestos para hacer frente a la crisis. La medida no ha gustado a la población, tocada por la parálisis económica y el desempleo por el embargo israelí.
Los nuevos impuestos gravan el tabaco, la gasolina y los bienes de contrabando que entran en la franja por los túneles de la frontera egipcia, incluidos los coches de lujo. También han subido algunas tasas municipales, como la de actividades económicas. "La crisis es grave, si no, no se hubiera recurrido a una medida tan drástica", dice el analista político Khaimer Abusada.
LAS RAZONES Los economistas apuntan a dos razones para explicar las dificultades. Solo las rentas más bajas están cobrando sus salarios íntegros. "En tres años Hamás ha tenido que reclutar a 35.000 funcionarios, un proceso que en circunstancias normales hubiera llevado 10 años", explica el economista Omar Shaban. Cuando Hamás tomó el poder en Gaza, la ANP exigió a los funcionarios que boicotearan al nuevo régimen. Unos 60.000 aceptaron. A cambio, Ramala les paga el sueldo.
El otro factor tiene que ver con las restricciones egipcias a la entrada de dinero en Gaza. Nadie tiene claro si el problema real del Gobierno islamista es la falta de recursos o de liquidez.
Hamás lleva dos años invirtiendo en la compra masiva de propiedades inmobiliarias en Gaza, un negocio que, a corto plazo, aporta una retribución limitada. Los expertos creen que lo hacen para blanquear el dinero del contrabando o para cimentar su poder como el principal terrateniente de la franja.
