Una vez embarrancado el resbaladizo debate sobre la identidad, Nicolas Sarkozy ha desenfundado su otra gran arma electoral: la seguridad. A un mes de las regionales, último test electoral del jefe de Estado antes de las presidenciales del 2012, el Parlamento francés aprobará hoy una ley que contiene un arsenal de medidas para luchar contra las nuevas formas de delincuencia. El Estado se dota de más poderes para llenar las calles de cámaras, combatir la cibercriminalidad y perseguir la violencia juvenil. Los recortes sociales, en cambio, se dejan para después de la cita con las urnas, que llegará en dos vueltas, los días 14 y 21 de marzo.

Los diputados del partido del Gobierno, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), votarán un conjunto de dispositivos aplaudidos por el electorado conservador, pero muy criticados por la izquierda. La oposición habla de "horror" y de "obsesión por la seguridad" ante una ley que, a su juicio, hace que el Estado "trate al ciudadano como un delincuente en potencia". Lo que para el Ejecutivo de Sarkozy es "una excelente respuesta" ante la evolución de la criminalidad, para socialistas y centristas supone la creación de "una sociedad vigilada, sospechosa, y atemorizada".

Si las críticas son tan feroces no se debe solo al clima preelectoral. En el fondo, la ley enfrenta dos modelos de sociedad: el del Estado que centraliza el poder e incrementa las medidas de control en aras de la protección de los ciudadanos, y el que apuesta por una política de seguridad de proximidad, situando por delante las libertades individuales. Dos concepciones que tampoco son ajenas a la actual correlación de fuerzas.

LA RED Para la izquierda, la creación del delito de usurpación de identidad en internet para luchar contra la cibercriminalidad demuestra el deseo del Gobierno de controlar lo que sucede en la red. A su juicio, se trata de la "introducción de un delito de naturaleza política" y de una medida "peligrosa" y "restrictiva" de las libertades. El Ejecutivo argumenta que se trata de una herramienta indispensable para combatir las nuevas formas de delincuencia que se valen del ciberespacio para captar a sus víctimas o promover acciones delictivas como la pedofilia. La ley prevé utilizar las nuevas tecnologías para descargar a la policía de las labores de escolta, permitiendo el uso de videoconferencias en los procesos penales.

Otro aspecto controvertido es la apuesta por la videoprotección, palabra utilizada en lugar de la videovigilancia para evitar la identificación del Estado con una especie de ojo orwelliano que todo lo controla. La instalación de cámaras, que hasta ahora dependía de los ayuntamientos, podrá ser impuesta por el Ministerio de Interior en detrimento de la independencia municipal. La ley permite otra injerencia en la política local al autorizar a los prefectos --el equivalente de los antiguos gobernadores civiles-- a decretar toques de queda para los menores.

La nueva legislación autoriza también a la policía municipal a realizar controles de identidad bajo la autoridad de un oficial de la policía judicial, así como a utilizar en los aeropuertos escáneres corporales. Pasar por ellos no será obligatorio, pero si el pasajero se niega, no podrá tomar el avión.

JUEGOS El texto contiene aspectos menos polémicos, como la posibilidad de sancionar con tres años de prisión la difusión por internet de páginas que incitan a los niños a practicar juegos peligrosos, como el del fular, que consiste en cortarse la respiración, o violentos, así como la práctica de filmar agresiones con el teléfono móvil. Para ello, el Gobierno incrementará sensiblemente el número de agentes, especialmente los destinados a los barrios más desfavorecidos, donde la violencia juvenil aumenta peligrosamente.