Para el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ha sido "la decisión más difícil" de su carrera política. Pero el caso es que, para alegría de los grupos de derechos humanos, Richardson ha dejado atrás su opinión personal favorable a la pena de muerte y no ha vetado la ley que le envió el Congreso del estado que abole las ejecuciones. Richardson citó los casos de personas que estaban en el corredor de la muerte y se demostró que eran inocentes.
La pena de muerte no era excesivamente popular en un estado en el que desde 1960 solo se ha ejecutado a una persona. Durante el fin de semana, a petición de las autoridades, hasta 12.000 personas enviaron su opinión, tres cuartas partes de las cuales se mostraron partidarias de abolir la pena capital. Según contempla la ley, a partir del 1 de julio las penas de muerte se conmutarán por cadena perpetua sin posibilidad de beneficios penitenciarios. Eso sí, la legislación no es retroactiva y se aplicará para los delitos cometidos a partir de esa fecha. Hasta ahora, Nuevo México condena a muerte por asesinatos de niños, agentes de policía y testigos de crímenes.
A la hora de justificar su decisión, Richardson explicó que no tiene "confianza" en que el sistema actual pueda asegurar que inocentes no sean ajusticiados a pesar de avances como la utilización del ADN. "Más de 130 presos en el corredor de la muerte han sido exonerados en este país en los últimos 10 años, incluyendo a cuatro de este estado. No puedo hacer caso omiso a ese dato", dijo Richardson.
El gobernador, un popular político que estuvo a punto de formar parte de la Administración de Barack Obama, ofreció otros argumentos para una decisión que contradice su visión de que la pena de muerte es un "justo castigo" para los peores crímenes. Visitó la prisión donde los condenados serán encarcelados: "Esas celdas pueden ser incluso peor que la muerte". Richardson también añadió que la pena de muerte no constituye "un buen liderazgo moral y una buena política exterior".
EL PRECEDENTE La decisión de Richardson fue recibida con alegría por asociaciones de derechos humanos y civiles como la ACLU y Amnistía Internacional, y con suma decepción por las fuerzas de seguridad del estado. Nuevo México es el segundo estado que, habiéndola tenido, abole la pena capital desde que el Tribunal Supremo la reinstauró, en 1976. El otro fue Nueva Jersey.
