El Gobierno de Silvio Berlusconi quiere meter a las prostitutas en el mismo saco que a los vagos, maleantes, camellos, traficantes de personas y chulos. Pero solo las que ejercen en la calle, porque atentan contra "la seguridad y moralidad pública". Para acabar con la prostitución callejera, que en Italia afecta al 65% de las 70.000 trabajadoras del sexo, los relatores de la mayoría conservadora sobre el decreto paquete de seguridad han introducido una enmienda que considera a las prostitutas peligrosas para la seguridad y la moral.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, citados por los medios locales, el 94% de las prostitutas callejeras son extranjeras, el 20% menores y el 30% transexuales. A todas afectará la norma, a no ser que sea modificada durante el debate en el Senado.

El texto señala que "cualquiera que viva de ingresos de la prostitución y sea atrapado en ejercicio de dicha actividad" será expulsado a su lugar de residencia o a su país de origen. Quienes desobedezcan serán castigados con seis meses de prisión.

Giuseppe Pisanu, exministro del Interior del anterior Gabinete de Berlusconi, señaló que de poco sirven estas medidas "si no incluyen a los clientes". En Italia, se trata de un ejército de 9,5 millones de hombres, el 70% de los cuales están casados. Marina Sereni, de la oposición progresista, considera que se trata de una medida "de fachada", ya que no afecta a los chulos ni a los traficantes de personas. "A los que hay que hacer frente es a los proxenetas", dijo Alessandra Mussolini, del partido La Destra.