El Gobierno mexicano aprobó el viernes el despliegue de unidades especiales de policía antisecuestros en la capital y los 31 estados del país, al tiempo que presumió de haber desarticulado nueve bandas de secuestradores, detenido a 120 captores y rescatado a 30 personas cautivas durante el mes que ha seguido al acuerdo nacional por la seguridad que forzó la sociedad civil. Pero el presidente, Felipe Calderón, reconoció que la situación se ha agravado con el atentado del pasado lunes en Morelia y exigió e incentivó que la ciudadanía se involucre en la lucha contra el crimen organizado.

La Procuraduría General de la República (fiscalía) ofreció una recompensa de 10 millones de pesos (unos 630.000 euros) para poder identificar a los sujetos que lanzaron dos bombas y causaron siete muertos y un centenar de heridos en el centro de la capital de Michoacán durante la fiesta de la Independencia. Calderón dijo que "la fecha del 15 de septiembre marcará a todos los mexicanos", y pidió transformarse en "una generación de decisión, unidad y firmeza contra los enemigos de México".

El primero en contestar a la fiscalía fue el cártel local La Familia Michoacana, objetivo de una de sus líneas de investigación". A pesar de que Morelia es ahora una ciudad tomada por el Ejército, en sus calles aparecieron ayer media docena de pancartas en las que La Familia "se une a la pena de los paisanos" y acusa de los "actos terroristas" a los Zetas, el grupo enemigo que, vinculado al cártel del Golfo, avanza por todo el país a base de secuestros.

RECOMPENSAS Pero lo que busca el Gobierno es que sean los ciudadanos de a pie quienes denuncien. Tras el correspondiente decreto presidencial, la fiscalía anunció ayer un teléfono, un correo electrónico y todo un sistema de recompensas --de 60 a 300 euros por información-- para incentivar la localización de casas de seguridad, delincuentes de todo tipo, y cualquier indicio que permita su captura. Distintos medios de comunicación locales resaltaron que las cifras prometidas por las autoridades contrastan con las de la agencia antidrogas de EEUU, la DEA, que llega a ofrecer millones de euros por algún capo mexicano.