La plana mayor del Gobierno de George Bush, con el presidente a la cabeza, arremetió ayer contra la oposición demócrata por mantener en la cuerda floja la renovación de las 16 cláusulas más draconianas de la ley Patriot, las medidas aprobadas a toda prisa tras el 11-S para ampliar los poderes de la Casa Blanca en la lucha antiterrorista. "Este bloqueo es inexcusable", manifestó ayer Bush, furioso ante la perspectiva de que las medidas caduquen el 31 de diciembre sin que sean renovadas.
El presidente prefirió no hablar del apoyo de un sector de su partido a la propuesta de una prórroga de sólo 3 meses. Como sostuvieron 52 senadores --4 republicanos--, en una carta divulgada ayer, el objetivo es afinar las cláusulas antes de autorizar una ley "que equilibre las necesidades de la vigilancia con la protección de las libertades civiles de los estadounidenses inocentes".
ALARMISMO "Si este punto muerto se mantiene, los estadounidenses no estarán tan seguros cuando despierten el 1 de enero", recalcó el fiscal general, Alberto González. "Habremos dejado algunas de nuestras armas más importantes contra el terror en el armario, sin que nuestros defensores puedan usarlas", añadió el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff. Bush recalca que la ley Patriot es "un arma efectiva" contra el terrorismo.
La Cámara de Representantes aprobó la renovación de las 16 cláusulas el 14 de diciembre, pero el Senado no ha seguido el ejemplo. Los senadores contrarios sostienen que los investigados por terrorismo deben tener posibilidades de exigir al Gobierno que aporte argumentos contra ellos. Actualmente, al abrigo de la ley Patriot, el FBI puede vigilar las llamadas telefónicas, registrar domicilios u obtener información profesional, financiera y sanitaria de los que considera sospechosos.
