El Tribunal Supremo de EEUU asestó ayer otro duro golpe al presidente George Bush, al concluir que se extralimitó en sus poderes al ordenar la creación de tribunales militares para juzgar a los detenidos en la prisión establecida en la base de Guantánamo (Cuba). Tales tribunales son ilegales porque no solo violan las leyes militares de EEUU sino también la Convención de Ginebra, que regula el tratamiento de los prisioneros de guerra, afirmó la más alta magistratura estadounidense.

"Esto es otro clavo en el ataúd de la idea de que el presidente puede llevar a cabo ese tipo de juicios", subrayó Barbara Olshansky, del Centro pro-Derechos Constitucionales, que representa a unos 300 de los 450 presos de Guantánamo. Anthony Romero, de la Asociación Americana de Libertades Civiles, coincidió: "El Supremo ha dejado claro que el Ejecutivo no tiene un cheque en blanco para luchar contra el terrorismo y no puede imponerse arrogantemente sobre el sistema legal".

CINCO VOTOS CONTRA TRES En la Casa Blanca, Bush trató de encajar el revés, el segundo de esta gravedad que le inflige el Supremo, pues hace dos años la misma magistratura ya concluyó que el presidente carece de autoridad para confinar indefinidamente en Guantánamo a presuntos terroristas y privarles del acceso a los tribunales. "Nos ajustaremos a la decisión del Tribunal Supremo", aseguró Bush y añadió que trabajará con el Congreso para "establecer tribunales militares" que cumplan con los dictados de la alta magistratura.

La sentencia de ayer, aprobada por 5 votos contra 3, fue la respuesta a la demanda planteada ante el Supremo por Salim Ahmed Hamdán, un yemení de 36 años que trabajó como guardaespaldas y chófer de Osama bin Laden. Tras cuatro años en Guantánamo, Hamdán fue uno de los 10 presos seleccionados para ser juzgados por las "comisiones militares" establecidas por Bush, acusado de conspirar para causar daños a los estadounidenses entre 1996 y 2001.

Sin embargo, los cuatro jueces liberales del Supremo --John Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader y Stephen Brayer--, más el moderado Anthony Kennedy, sumaron ayer fuerzas para invalidar estas "comisiones militares", como se denomina a los tribunales establecidos por Bush en Guantánamo. Consideran que "carecen de poder para proceder porque su estructura y procedimiento viola" tanto el Código Uniforme de Justicia Militar como la Convención de Ginebra, dijo Stevens, que redactó el fallo.

"Esto dificulta dolorosamente la capacidad del presidente para hacer frente y derrotar a enemigos nuevos y letales", criticó el juez conservador Clarence Thomas, quien se opuso a la sentencia junto a Antonin Scalia y Samuel Alito. El presidente del Supremo, John Roberts, no participó por haber fallado previamente en contra de Hamdán cuando formaba parte de un tribunal de apelaciones.

VALORES FUNDAMENTALES La sentencia supone "un retorno" a los "valores fundamentales", subrayó el abogado militar designado para Hamdán, Charles Swift. Además, este comandante de la Marina añadió que la decisión del Supremo "es una victoria". Swift comentó que ahora lo lógico sería que Hamdán sea juzgado o bien en consejo de guerra, como establece la Convención de Ginebra, o ante un tribunal federal de EEUU.

Bush dijo recientemente que tiene pensado cerrar la prisión de Guantánamo, pero dijo que estaba esperando la sentencia del Supremo, que llegó ayer. Pero en ella los magistrados no se pronuncian sobre este cierre, solicitado por gobiernos y personalidades de todo el mundo.