¿Puede alguien rehabilitarse en la cárcel, especialmente si cometió un delito antes de alcanzar la mayoría de edad? El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado respuesta a la pregunta con una decisión que, a partir de ahora, vetará que los menores condenados por un delito que no sea asesinato puedan ser sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de optar a la libertad condicional.
Ese duro castigo, una vida en la cárcel sin posibilidad siquiera de optar a la libertad condicional, no es extraño para menores que han matado a otra persona, y actualmente hay más de dos millares de presos cumpliendo esa condena que no habían alcanzado la mayoría de edad cuando cometieron su crimen.
EL CASO DE TERRANCE GRAHAM
La condena, sin embargo, no se aplica con frecuencia en Estados Unidos a quienes no han cometido delitos de sangre, pero unas tres docenas de estados lo contemplan y lo han aplicado a cerca de un centenar de menores por delitos que van desde la violación hasta el robo.
Ha sido precisamente el caso de Terrance Graham, un joven hoy de 22 años que fue condenado por robos a mano armada que cometió cuando tenía 16 y 17 años, el que ha llegado hasta el Supremo. El juez Anthony Kennedy, que ha redactado la decisión mayoritaria secundada por cinco magistrados y a la que se han opuesto los otros cuatro, ha escrito: "El Estado debe dar a acusados como Graham alguna oportunidad de obtener la libertad si demuestran madurez y rehabilitación". Kennedy ya redactó en el 2005 otra decisión que prohibió condenar a pena de muerte a menores de 18 años.
DELITOS SEXUALES
Más unidad entre los magistrados ha habido en otra decisión también anunciada hoy por la que el Supremo estadounidense ratifica una ley que da poder a las autoridades federales para mantener indefinidamente bajo custodia a presos considerados "sexualmente peligrosos" incluso cuando ya han cumplido su condena.
Fue George Bush quien el 2006 firmó una ley que estableció esa capacidad. La norma fue retada por un grupo de cuatro hombres, que una vez que cumplieron sus sentencias por delitos que iban desde la posesión de pornografía hasta el abuso de menores, no quedaron en libertad al considerarse que su liberación podría suponer un peligro.
Aunque un tribunal de menor instancia les dio la razón alegando que el Congreso se había excedido en sus funciones, ahora el Supremo asegura que la Constitución avala al legislativo para aprobar una ley de estas características.
