Un día después de haber reconocido que en 50 ciudades hubo más votos que votantes, y que esto afecta a tres millones de sufragios, el Consejo de Guardianes, órgano responsable de las elecciones, descartó la posibilidad de anular el proceso por "no encontrar testigos de fraudes o fallos mayores". El portavoz del Consejo, Abás Alí Kadjodaei, dijo que se consideró que la mayor parte de las denuncias corresponden a hechos que ocurrieron antes de los comicios y no durante su celebración y que por lo tanto no tenía competencia en el asunto. Cerrada la puerta a repetir las elecciones, el régimen anunció la investidura del presidente saliente, Mahmud Ahmadineyad, entre los próximos 26 de julio y 19 de agosto, aunque el líder espiritual, el ayatolá Jamenei, amplió anoche en otros cinco días el plazo para presentar quejas por las elecciones.

En paralelo, a la decisión gubernamental de aplastar las protestas se sumó ayer el anuncio de que los jueces actuarán con severidad contra los manifestantes: "Quienes fueron arrestados recibirán una lección", dijo Ebrahim Raisi, alto funcionario de la judicatura. Según la televisión, más de 450 personas han sido detenidas en los enfrentamientos con la policía en Teherán en los últimos 10 días, en los que también han muerto al menos 17 personas.

La línea dura se expresó también en las calles ayer, como producto de la táctica de acusar a gobiernos extranjeros de los actos de repudio al fraude electoral. Cuatro organizaciones estudiantiles islámicas que convocaron un acto de protesta frente a la embajada británica, y que habían advertido que "esto se puede convertir en otro 4 de noviembre" (en referencia al día en que estudiantes musulmanes tomaron la legación estadounidense en 1979), consiguieron reunir a algo menos de 200 personas. Bajo las consignas que se emitían desde un altavoz, los concentrados, partidarios del presidente Mahmud Ahmadineyad, quemaron banderas occidentales y de Israel y exigieron al Gobierno cerrar la representación extranjera y expulsar al embajador.