Los jueces han condenado a Carcesa a pagar a Extremadura 2000 más de 10 millones de euros y el empresario Roberto Vázquez, como responsable de ella les ha retado para que, en vez de visitar al presidente de la Junta de Extremadura Rodríguez Ibarra y al alcalde Acedo Penco, y exponerle su preocupación por los puestos de trabajo, le hagan una oferta de venta. Ya lo había intentado hace tiempo para demostrar que no corren peligro los puestos de trabajo de los obreros de las fábricas de Montijo, Don Benito y Mérida.
La visita era una clara presión a los políticos por la decisión judicial, esta decisión fue por incumplimiento del contrato. Estas cosas se las piensa uno antes de tomar ciertas decisiones. Se perjudicaba a Extremadura 2.000 y esta empresa, después de muchos años, nunca acudió a los políticos para explicarles que habían cometido, los responsables de Carcesa, una injusticia con su empresa. Nada. Se callaron. Fueron a los tribunales y la justicia ha puesto el dedo en la llaga y esta llaga duele 10 millones de euros que Roberto Vázquez quiere invertir en sus empresas o en la compra de Carcesa con otros empresarios para que no se pierda empleo.
En las empresas de Roberto Vázquez, y donde tiene acciones, hay más de 600 empleados. Ahora vienen los recursos y puede ocurrir cualquier cosa. Se sabe cómo se entra en un juzgado, nunca cómo se sale. Ha quedado bien claro la decisión de que se indemnice con este dinero por una decisión poco acertada de Carcesa. Ahora, a asumir los riesgos que conllevan ciertas decisiones sin mirar las consecuencias.
