La Junta de Gobierno Local abordó ayer la firma de un convenio con la Junta de Extremadura, la Federación de Municipios y Provincias (Fempex) y Endesa para colaborar con las ayudas de mínimos vitales. Según explicó la portavoz municipal, Carmen Yáñez, con este convenio se agilizarán los trámites para la concesión de estas ayudas, que gozarán también de una mayor fiscalidad. El ayuntamiento cuenta con 115.000 euros para este fin, una cuantía que puede ampliarse en caso de agotarse.

Por otra parte, en la reunión del Ejecutivo local se dio cuenta de la publicación de los fondos DUSI, por los que Mérida recibirá 10 millones de euros en los próximos años para desarrollo sostenible. La previsión es que el ministerio comunique formalmente el proyecto en un mes y medio, paso previo para poder comenzar a ejecutar los fondos.

También se dio cuenta del estudio de viabilidad para la reforma y explotación del Mercado de Calatrava. Según explicó Yáñez, este informe lo marca la Ley de Contratos y es el procedimiento previo a la concesión futura de la gestión del mercado. El estudio, encargado a la empresa Mercasa, estipula que debe haber una ocupación del 75% para que sea viable. El coste de la rehabilitación sería de unos tres millones de euros. La portavoz insistió en que este estudio es preceptivo: «No es un pliego de condiciones, ni marca el modelo de gestión, ni las características específicas de la explotación», dijo.

En otro orden de cosas, se analizó también el descenso del periodo de pago a proveedores, que ha pasado de 110 días en el mes de marzo a 90 en abril. Una bajada que, aunque no llega a los 60 que marca la ley, «es muy positiva y tiene su explicación en el abono de más de un recibo a una de las concesionarias que trabajan para el ayuntamiento». «Esto nos permite que baje el periodo pero sin olvidarnos de los pequeños empresarios», dijo Yáñez, que destacó que hay pagos de este tipo que se encuentran al día.

Por último, Yáñez informó que se ha declarado desierta la contratación del servicio de dirección y coordinación del Plan de Reinserción Laboral, que se hará por procedimiento negociado.