El exgerente de la empresa municipal de Transportes Urbanos de Mérida (TUM), Prudencio González, afirmó ayer, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Mérida que todas las compras y gastos que hizo con la tarjeta y el móvil de la empresa contaban con la autorización del consejo de administración de esta empresa y de su presidente en aquel momento, Manuel Gámez, exconcejal del PP.

También señaló que el contrato blindado que le hicieron fue autorizado por Manuel Gámez y que recibió asesoramiento legal de una empresa radicada en Madrid pero con una delegación en Mérida. Preguntado por el nombre de la empresa dijo que lo único que sabía era que estaba en la calle Santa Eulalia, "en el mismo edificio que Telemérida".

Prudencio González declaró ayer como imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 en las diligencias previas que se siguen tras la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por el ayuntamiento por un presunto delito de falsedad documental y de malversación de caudales públicos y tras un decreto de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Badajoz.

ARGUMENTOS DE LA FISCALIA La fiscal de la Audiencia, María José Hormigo, detalló que González debía explicar "la justificación de las numerosas facturas aportadas por la denunciante en concepto de comidas, alojamiento en hoteles, gastos de telefonía móvil (llamadas desde el extranjero) que, al parecer, fueron abonadas con cargo a la tarjeta de crédito de la Sociedad Transportes Urbanos de Mérida".

Tras la entrevista con la magistrada María Victoria Dávalos, ni Prudencio González ni su abogado, ni los abogados del ayuntamiento, realizaron ningún tipo de declaraciones, solo que había que dejar trabajar a la Justicia.

Después de González, cuya declaración duro dos horas, le tocaba el turno a Gámez, en calidad de testigo, pero no fue.

Según un comunicado de Manuel Gámez, no fue a declarar porque no ha recibido ninguna citación "para comparecer ante ningún juzgado de Mérida" y asegura que "una vez que sea citado oficialmente, siempre acudiré a colaborar con la Administración de Justicia".

Por otro lado, Gámez recuerda que hace más de seis meses que abandonó "toda actividad política, institucional o de partido, así como la vida pública".

El miércoles día 12, deberán prestar declaración como testigos los concejales del PP en el consejo de administración de la empresa de transportes con el anterior equipo de gobierno, Pilar Vargas, Francisco Robustillo y Alfredo de la Rubia.