El Ayuntamiento de Mérida no va a devolver dinero a los ciudadanos por el cobro de las facturas del agua, porque "no se ha cobrado nada ilegalmente". Así de tajante se mostró ayer la delegada de Hacienda, Gloria Constantino, sobre las denuncias vertidas por el PSOE, la federación de asociaciones de vecinos y la Asociación de Vecinos Nueva Ciudad, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que da la razón a la Comisión Regional de Precios impidiendo la subida del agua del año 2003 propuesta por el equipo de Gobierno local. "Jamás hemos estado cobrando nada ilegalmente a los ciudadanos", reiteró, porque lo único que pretendía el consistorio entonces era "adaptar esas tarifas al IPC, como marca la ley, pero no se nos permitió y, por tanto, no se pudo aplicar esa subida".

Constantino, acompañada por el delegado de la empresa Aqualia --que presta el servicio del agua--, Jesús Rodríguez, explicó que lo que sí se hizo a partir del 7 de enero del 2003 fue aplicar una subida de 0,04 euros por metro cúbico, que estaba aprobada por la Comisión Regional de Precios desde el año 2001, debido a la puesta en marcha de filtros de carbón activo en la red de saneamiento. "Lo podíamos haber aplicado desde el 2001, pero esperamos a que estuvieran en marcha esos filtros de carbón para hacerlo en el 2003", indicó. Además, en relación a las facturas del 2004 y 2005 presentadas por el PSOE para denunciar esa subida en la tarifa, la edil aclaró que en el 2004 se aprobó en pleno municipal que la tarifa del agua fuera una tasa y no un precio público, por lo que desde entonces no pasa por la Comisión Regional de Precios.

Con todo esto, destacó Constantino, la oposición socialista y esos representantes vecinales tratan de "crear alarma entre los ciudadanos, que deben estar tranquilos, porque jamás se ha cobrado nada ilegalmente".

LA VERSION DE AQUALIA Por su parte, Jesús Rodríguez, dijo que Aqualia "jamás ha girado facturas sin ser aprobadas", y explicó que en el 2001 se solicitó una revisión tarifaria, aprobada por la Comisión Regional de Precios, en la que se incluía la instalación de los filtros de carbón activos, lo que suponía que cuando entraran en funcionamiento --lo hizo en el 2003--, la factura subiría 0,04 euros por metro cúbicos. La imagen de la empresa, dijo, ha quedado dañada, pero no tomarán medidas judiciales.

Sin embargo, tras la sentencia del TSJEx, el ayuntamiento estudia si lleva el caso al Supremo.