Izquierda Unida-Mérida exigió ayer al equipo de gobierno que explicase las razones que motivan la contratación de empresas privadas para la gestión de las subvenciones europeas solicitadas por el ayuntamiento. Así, y según informó la formación en una nota firmada por su portavoz, Alvaro Vázquez, el contrato tiene un valor de 143.000 euros en los próximos dos años.

Por su parte, el Gobierno municipal respondió que el programa Urban 2007/2013 tiene una prórroga en la utilización de sus fondos (11.800.000 euros), "lo que obedece a una justificación clara y con transparencia" de un montante económico cuyo 80% es de fondos comunitarios y el 20% restante del ayuntamiento. "Hasta el 31 de diciembre de 2013 ha estado en vigor un contrato firmado por el anterior gobierno municipal socialista (que no se podía rescindir), y por él que se pagaron anualmente hasta 230.000 euros, como órgano de gestión externa de esos fondos comunitarios", explica.

Cuando termina el vínculo, el ayuntamiento tiene que seguir gestionando igual, pero sin cofinanciación. Por ello, el consistorio ha diseñado "un modelo de gestión mucho más eficaz, económico y sostenible para el municipio, que es lo que sale a concurso ahora, con estudios de coste y formas de gestión más baratas".