La Junta de Extremadura ejecutó ayer un desahucio en una vivienda social ocupada ilegalmente en el número 15 la calle Juan de la Cosa, en la barriada de Cruzcampo. En el inmueble residía Josefa Fernández Vargas, de 24 años, separada y con dos hijos de ocho y cinco años a su cargo. "No tengo vivienda, vi el piso vacío, pegué la patada en la puerta y me metí con los dos menores", reconoció ayer. La afectada, sin ingresos ni alternativa habitacional, aseguró que no había recibido ninguna notificación previa al desahucio por parte de la Junta y señaló que ayer solo le dieron "dos horas" para sacar los muebles y abandonar el piso. La vivienda ha sido adjudicada a otra mujer con hijos a su cargo que en tiempos también ocupó de forma ilegal una casa de la Junta, si bien su situación ya está regularizada.
Según explicó Ramón Carbonell, activista social y concejal de Mérida Participa, el desahucio de Josefa Fernández se ha producido porque reza como beneficiaria de otra vivienda de la Junta en Juan Canet, donde está empadronada. Ella residía allí con su pareja, pero tras la separación se marchó con sus hijos y actualmente es el padre de los menores quien vive en la casa. El problema es que al aparecer como beneficiaria de esta vivienda ante la Administración, no tiene derecho a participar en nuevos procesos adjudicación. No obstante, según Carbonell, la Junta se ha comprometido a estudiar el caso para ofrecerle una solución. Este diario preguntó ayer por el asunto a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que no se pronunciará hasta hoy.
