El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Mérida ha desestimado el recurso presentado en 2008 por la entonces portavoz del PP, Pilar Vargas, contra el proceso abierto por el ayuntamiento para la venta de tres parcelas con las que se pagaron los primeros 8,5 millones de euros correspondientes a la compra de la Ciudad Deportiva a la empresa Sidecu.

Vargas argumentaba su recurso en la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, y en que las licitaciones de las tres parcelas, situadas en los llamados Sectores Oeste, entre las rotondas de RTVE y la Consejería de Agricultura --adquiridos por Bekinsa-- no fueron publicadas en el boletín oficial de la Unión Europea.

Tras esta sentencia, que se puede recurrir, el equipo de Gobierno espera que la polémica sobre la compra de la Ciudad Deportiva por parte del ayuntamiento quede "zanjado". La portavoz municipal y concejala de Urbanismo, Estrella Gordillo, subrayó ayer, en una convocatoria en la que hizo pública la sentencia, que ha quedado demostrada la legalidad de la operación que hizo el ayuntamiento para adquirir las instalaciones.

Gordillo recordó que a finales del 2007, unos meses después de ganar las elecciones, el PSOE cumplió su compromiso de llegar a un acuerdo con la empresa Sidecu, que fue la adjudicataria de la construcción y gestión de las instalaciones, para que la Ciudad Deportiva fuera de gestión pública. De esta forma, el 28 de diciembre del 2008 liquidó el contrato con la citada empresa. Para pagar los algo más de 20 millones en los que se tasó la operación, el ayuntamiento vendió las citadas parcelas para aportar 8,5 millones de euros. El resto, unos 12,5 millones, fue asumido por la Junta, que lo está pagando en cuatro anualidades. Este dinero fue adelantado por el consistorio mediante un crédito.