La Ley de Modernización del Gobierno Local, conocida como ley de grandes ciudades , vigente desde el 1 de enero de este año y en la que se ha incluido a Mérida, contempla numerosas novedades en la gestión local, entre las que destacan la potenciación de los distritos como un "instrumento esencial para el desarrollo de políticas de proximidad y participación" y establece su carácter "necesario" en el ayuntamiento, y la creación del Consejo Social de la ciudad, como "mecanismo participativo de carácter consultivo de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio".

Además, prevé la constitución de una comisión de sugerencias y reclamaciones formada por miembros del pleno, como "órgano para la participación de los vecinos y la defensa de sus derechos", asegura la ley.

Por otro lado, una de las novedades más difundidas es la posibilidad de que el alcalde delegue la presidencia en cualquier concejal. También podrá asignar cargos de gestión en el equipo de Gobierno a personas de su confianza que no necesariamente pueden ser concejales --algo que Acedo contempla--, y perfilar una Junta de Gobierno Local fuerte que sustituya a la Comisión de Gobierno.

GESTION FINANCIERA Al margen de estas atribuciones, la normativa regula la organización de la gestión económico-financiera, y prevé crear uno o varios órganos para ejercer las funciones de elaborar el presupuesto, contabilidad, tesorería y recaudación, que debe correr a cargo de funcionarios municipales.

Otra novedad sustancial es la creación en el Ministerio de Administraciones Públicas de un Observatorio Urbano para el seguimiento de la calidad de vida.

Esta normativa ofrecerá al ayuntamiento las competencias en materia de vivienda, empleo, servicios sociales y educación, entre otras. Sin embargo, debe ser la Asamblea extremeña la que dé el visto bueno a la ley.