El Estatuto de Capitalidad de Mérida, una demanda histórica de los emeritenses que se remonta a más de dos décadas, es ya una realidad. El pleno de la Asamblea extremeña aprobó ayer por unanimidad la ley reguladora del Estatuto de Capitalidad, por la que se reconoce la singularidad de la ciudad como capital de la comunidad autónoma y se regula el marco de coordinación entre la Administración autonómica y municipal para servir a los extremeños con una gestión administrativa "eficaz, moderna y solidaria". La diputada Teresa Tortonda, como portavoz de los grupos participantes en la tramitación de la ley, dio la enhorabuena a los 65 diputados por contribuir a "escribir la historia" de Extremadura en un día "histórico". A la aprobación del Estatuto le siguió un largo aplauso por parte de los diputados extremeños, de algunos miembros de la corporación municipal y representantes de colectivos sociales de la ciudad que estaban presentes en el público.

El acuerdo alcanzado por parte de los grupos parlamentarios permite sacar adelante esta normativa que regula "el esfuerzo" que realiza la ciudad a través de su Administración municipal en seguridad, limpieza, tráfico y otros servicios que hacen necesario que esta ley establezca una previsión de financiación específica en los presupuestos de la comunidad autónoma, en atención a la condición de capital y sede de sus instituciones. En concreto, el texto incorpora todas las aportaciones presentadas por parte de los partidos políticos, que ya había recibido el visto bueno unánime en la Comisión de Administración Pública celebrada el 13 de marzo.

"Estamos todos de enhorabuena, porque después de 23 años se ha hecho posible la petición que hice en el pleno del ayuntamiento en el año 1992", afirmó el alcalde de Mérida, Pedro Acedo, quien agradeció al presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, su compromiso de llevar al Parlamento esta ley reguladora del Estatuto para su tramitación legislativa. "Hoy se completa el Estatuto de Autonomía con una regulación que servirá para darle un mejor servicio a todos los extremeños, sin que se deje nada al azar", manifestó el regidor municipal. A partir de este momento, agregó el primer edil, la ciudad "será más completa y más capital".

Por su parte, el diputado socialista y candidato a la Alcaldía, Antonio Rodríguez Osuna, indicó que la ley es fruto de "un trabajo duro, porque hemos tenido que ceder en muchas cuestiones", y que se trata de "un hecho histórico, sobre todo porque sale adelante por el consenso de los grupos". En este sentido, Rodríguez Osuna señaló que se debe tener en cuenta que no hay una mayoría absoluta en el Parlamento regional. "Se ha convertido en un Estatuto con mucho significado político, no solo con el aspecto económico, sino en el que aparece la Universidad, la alta velocidad, Mérida como sede de las instituciones y recoge todas las reivindicaciones históricas de Mérida", puntualizó.

TRABAJO COLECTIVO En esta línea, el portavoz de IU, Pedro Escobar, destacó que "el texto base" con el que se empezó a trabajar fue elaborado por el grupo municipal de IU "en contacto con asociaciones de vecinos y colectivos de la capital". De esta forma, Escobar subrayó que "hay que alegrarse por esta buena noticia, porque cuando algo cuesta tanto, seguramente se valora más". Asimismo, dijo en tono irónico que "los emeritenses han perdido un poquito de soberanía sobre su ciudad, pero que la hemos ganado el resto de los extremeños y eso es lo que se pretendía".

La portavoz del Prex-Crex, Fernanda Avila, se mostró "contenta, como extremeña y emeritense, porque hayamos conseguido aprobar en esta legislatura el Estatuto de Capitalidad". Avila matizó que fue su grupo el que presentó una enmienda para impulsar esta normativa, por ser "una reivindicación histórica de los colectivos y de la propia ciudadanía".

La propuesta de ley se registró inicialmente por el grupo popular en la Asamblea el pasado 12 de enero, sin embargo, no fue retirada para registrar una iniciativa conjunta como estaba previsto después de que Rodríguez Osuna anunciase en solitario ante los medios que se había alcanzado un acuerdo definitivo sobre el documento. Este hecho provocó que no hubiese una aprobación exprés de la norma mediante la lectura única del texto, como estaba acordado dentro del clima de entendimiento de los grupos, y finalmente se inició su tramitación parlamentaria con un debate a la totalidad.