El exgerente de la empresa municipal de Transportes Urbanos, Prudencio González, manifestó ayer que prefiere no hacer declaraciones hasta que el juzgado de Social que ve el caso se pronuncie, aunque lamentó "el ensañamiento" del que, a su juicio, es objeto por parte del equipo de gobierno, "que me está dando por todos los lados y me tendré que defender", apuntó.
González aseguró que no se va a quedar callado "ni quieto" y que en estos momentos está recopilando información "que la daré a conocer en su momento".
Por su parte, el concejal Francisco Robustillo señaló que en este caso "solo se están diciendo tonterías. El contrato se llevó al Consejo de Administración, se aprobó y nada más. El exgerente cobraba 300.000 pesetas al mes, menos que un policía local, y era un contrato similar al de todos los gerentes de España. Es un contrato legal y así lo dijeron los servicios jurídicos del ayuntamientos", dijo.
Sobre las responsabilidades políticas que le exigen no quiso entrar y afirmó que "el PSOE ha entrado en este asunto como elefante en una cacharrería, tratando a Prudencio González como una rata muerta".
El Periódico intentó conocer la opinión de Pilar Vargas pero no cogió el teléfono.
