El presidente de la Diputación de Badajoz, Juan María Vázquez, ha pedido a Justicia que aporte los medios necesarios para la estancia de pacientes penados en el psiquiátrico de Mérida. Así respondió Vázquez a una intervención del popular Inocente Mayoral, que abordó este viejo asunto y se solidarizó con el personal del centro, que acoge entre 8 y 10 internos derivados por la justicia, número que según el PP tiene colapsado el centro, pero que el delegado del centro, Rafael Carballo, asegura que es el mismo desde hace años.
Tanto Vázquez como Carballo manifestaron que han propuesto al Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) un convenio para que habilite uno de los pabellones del hospital para pacientes penados, dado que el personal y el propio centro no están preparados para hacer de estancia penitenciaria. Carballo aseguró que el hospital no está al completo y por tanto no se puede hablar de hacinamiento, como hizo Mayoral, e invitó a los medios de comunicación a visitarlo.
Carballo explicó que aunque el número de pacientes penados es el mismo desde hace años, sí cambian las patologías que tienen, en la actualidad, casi todas relacionadas con el consumo de droga, "una problemática distinta que distorsiona la vida cotidiana del hospital".
Señaló que la mayor parte de los presos actuales son personas adictas a la droga "y por tanto, al ser una institución abierta es muy difícil de controlar la entrada de estupefacientes". Cuando se detecta una situación de este tipo, lo comunican al TSJEx. "Allí no pueden estar estos pacientes", que conviven con el resto de los enfermos. Por ello, añadió, el hospital "no está acondicionado para garantizar la seguridad del paciente que viene a cumplir sentencia, ni del que viene derivado de los centros de salud", dijo Carballo, aunque aclaró que cuanto un juez o un fiscal establecen que un preso debe cumplir la condena allí, "nosotros somos respetuosos con el estamento jurídico".
Rafael Carballo consideró necesario que el Ministerio de Justicia señale, a través de un convenio, qué tipo de custodia debe ejercerse con cada uno de los presos y que garantice su seguridad a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues "ahora no contamos con su servicio, salvo cuando va algún penado de alguna institución penitenciaria, que sí es obligatorio que venga custodiado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero mientras tanto, no".
Por otra parte, Carballo mostró su esperanza en que "cuanto antes" la Junta se haga cargo del hospital, "y de una forma gradual la diputación deje una labor que no le corresponde".
