El portavoz municipal, Fernando Molina, reiteró ayer que las obras adjudicadas en 2006 al Grupo Dico fueron "legales y legítimas". Matizó que las adjudicaciones "no las hacen los políticos", sino una mesa de adjudicación "en concurso libre donde se puntúa la solvencia técnica y económica", y abogados, servicios de intervención y técnicos, "puntúan cuáles son las mejores valoradas".
Asimismo, Molina indicó que las obras a las que se refirió ayer el Partido Socialista, "transformaron esta ciudad, adjudicadas en su momento a una empresa de ingeniería puntera, de las cuales nos sentimos satisfechos y que están pagadas". De esta forma, el portavoz agregó que el consistorio "no va a impedir que ninguna empresa concurra a las obras de adjudicación", y aseguró que "no puede decir lo mismo el PSOE", que "adjudicó obras a sobrinos de concejales".
En este punto, Molina dijo que la auditoría externa del PSOE probó que en las adjudicaciones no había "ningún caso imputable". A ello se suman los informes del Tribunal de Cuentas, que según Molina, "exoneraban a este ayuntamiento de cualquier hecho imputable en el ejercicio 2003- 2007". Sin embargo, IU afirmó ayer en una nota que el ayuntamiento "incumplió su obligación de informar al Tribunal de Cuentas sobre los contratos adjudicados" al Grupo Dico.
