El empresario Roberto Vázquez anunció ayer que llevará a Carcesa a los tribunales para exigir el cumplimiento de un contrato de 1995. Por este contrato, Extremadura 2000 de Servicios haría la nueva fábrica en el polígono industrial El Prado. Como contraprestación recibiría los terrenos que ocupa la factoría donde se harían viviendas tras recalificar el ayuntamiento el suelo.
Además, Vázquez se reserva solicitar indemnizaciones y pedir que se adopten medidas cautelares contra Carcesa.
En un comunicado, el empresario considera "no ajustada a derecho y lesiva de sus legítimos intereses" la postura de Carcesa de romper unilateralmente el contrato y sustituir "arbitrariamente" los contratistas que realizarán la obra de la fábrica, para lo que ya había una demanda de conciliación.
Los acuerdos del año 1995 después se plasmaron en un convenio urbanístico, firmado entre Carcesa, el Ayuntamiento de Mérida y Extremadura 2000 de servicios el 1 de marzo del 2002, que Vázquez considera que "están plenamente vigente al día de hoy".
