Los derechos fundamentales de nuestra sociedad, no son fruto de la casualidad, ni aparecieron envueltos en papel de regalo a la sombra de ningún árbol, sino que forman parte de una conquista arrancada a base de lucha y de tesón, algo por lo que muchos derramaron su sangre, para dejar a las generaciones futuras unas condiciones de vida más dignas y más justas. La jornada laboral con un máximo de 48 horas semanales fue una de esas reivindicaciones, conseguida en el ya lejano 1917, y que perseguía el conciliar la vida laboral con la familiar, garantizando unas mínimas condiciones de salud y el derecho al descanso.
Pero casi cien años después los ministros de trabajo de la UE, han aprobado una directiva, que permite ampliar la semana laboral hasta las 60 horas, y en sectores como el sanitario hasta las 65; calculadas sobre la media de tres meses, con lo que si en alguna semana no se llega al cupo, el tiempo sobrante puede distribuirse entre las siguientes. Todo ello con el pretexto de liberalizar el mercado laboral, para que cada obrero pueda llegar a un acuerdo con su patrón. Estas medidas terminan con la negociación colectiva y con la intermediación sindical, quedando el asalariado inerme ante las exigencias de quien le contrata, porque si bien es cierto que esta norma no obliga, a la hora de la verdad somete al trabajador a un estado de indefensión ante el temor a posibles represalias, y más en el escenario de desempleo que conforma nuestro inmediato presente.
XAL NO SERx esta directiva vinculante, cada país puede acogerse a ella voluntariamente, pero en caso de no hacerlo se somete a una posible deslocalización de su tejido empresarial, que abandonaría el país en busca de lugares más favorables. La existencia de diversos modelos de jornada dentro de la UE, generará una competencia desleal entre empresas de un mismo sector, ubicadas en países con normativa diferente, resultando el producto final más barato cuando se dan unas mejores condiciones laborales.
Hay quien aprovecha esta situación de crisis coyuntural como pretexto justificativo a la hora de adoptar medidas que suponen una involución respecto a derechos adquiridos, olvidándose que para conseguir una mayor productividad y una mejor competitividad existen fórmulas alternativas como el incremento de la capacidad tecnológica y el capital humano, con el que la economía europea puede hacer frente a la competencia de países emergentes como China e India que producen en condiciones diferentes y con menores costes.
Pretender envolver este modelo bajo una capa garantista, ofreciendo contrapartidas como que los contratos se realicen con el consentimiento por escrito del trabajador, resulta una especie de engaño, semejante al ofrecer contraprestaciones aumentando la seguridad y mejorando las condiciones laborales, o compensar estas prolongaciones horarias con una mayor retribución salarial, como si existiera algo lo suficientemente valioso como para poder ser intercambiado por el tiempo de descanso.
Esta normativa antes de ser aprobada ha de pasar por el Parlamento Europeo, durante ese trámite la sociedad deberá ejercer toda la presión de la que sea capaz, al objeto de conseguir rechazarla, pero en caso de que esto no sea posible, al menos debe intentar corregirse, atenuando aquellos aspectos que vulneran más descaradamente los derechos fundamentales.
Algunos sectores concretos de la economía, sobre los que concurren unas circunstancias específicas y excepcionales, es posible que necesiten que se flexibilicen sus horarios laborales, pero esto no significa que una norma de este calado deba generalizarse al resto de la población, porque eso supondría una regresión que va en menoscabo de los derechos de los trabajadores. Con el agravante del daño que puede causar al proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral, al serle a muchas de ellas casi imposible poder armonizar el desarrollo de su trabajo con la vida familiar, si su horario laboral se modifica.
Los sindicatos han mostrado su desacuerdo ante iniciativas como éstas, anunciado un rechazo que podría concretarse en la organización de una huelga general a nivel europeo, con el fin de evitar que se conculque alguno de los derechos fundamentales. A este respecto el ministro de trabajo Celestino Corvacho , haciéndose eco del Gobierno de España, se ha manifestado contrario a este nuevo modelo, como así lo hicieran con anterioridad los gobiernos de Francia y de Italia hasta que cambiaron de signo político, y con ello también de postura, por lo que las naciones que se oponían a las reformas han quedado en minoría. Pero con todo, Europa no puede renunciar al modelo de sociedad que tanto le ha costado conquistar, ni puede alejarse del Estado de bienestar, ni de ninguna de las prerrogativas sociales, para tratar de equipararse con países subdesarrollados y con su mano de obra barata, devolviendo a esta a sociedad a las penurias de épocas pasadas, cuando la explotación y la esclavitud más indignante estaban a la orden del día.
*Profesor.
