Mucho marco estatal y mucha integración nacional, pero al final lo que importa es el dinero que se queda cada territorio. España ya no es un reino, mal que le pese a los patriotas o españolistas, sino un compendio de comunidades autónomas. Es el modelo que nos hemos montado a partir de la Constitución y que, tras 35 años de historia, existe en este país.
Casi cuatro años después de la anterior, la segunda conferencia de presidentes autonómicos que se celebra desde que Mariano Rajoy está en la Moncloa se ha desarrollado esta semana en Madrid y, al margen de las guerras nacionalistas e independentistas de algunos, la financiación sigue siendo la piedra angular que conforma el entramado institucional y territorial de este país. No era necesario convocar a los máximos dirigentes autonómicos -con las excepciones de Cataluña y País Vasco, eso sí, que siguen en sus líos- para darse cuenta de que la dificultad a la hora de pactar el reparto de los fondos entre el Estado y las distintas comunidades supone el origen de todas las tensiones vividas y por vivir. La pela es la pela y el resultado final de la cita sirve para constatar que finalmente se va a abrir el melón de la negociación este año (al menos ese ha sido el acuerdo) y que la guerra entre territorios está asegurada.
No hay dinero, Rajoy dice que en 2017 se va a contar con 20.000 millones menos de recaudación que en 2007 cuando se pactó el anterior modelo y, encima, todos los territorios quieren más recursos dado que se han encarecido en demasía todos los servicios que previamente han sido transferidos. En suma, un puzle imposible y más si se tiene que contentar a las regiones pobres como Extremadura que reclaman más para tratar de alcanzar la media nacional reivindicando su deuda histórica y poniendo encima de la mesa la idiosincrasia propia que padece de escasa población y, para más inri, envejecida y dispersa.
La revisión de la financiación autonómica lleva años de demora, sumado el periodo que nos hemos tirado de interinidad en el gobierno con dos citas electorales de por medio. La promesa de que antes del 31 de diciembre habrá una nueva fórmula ha contentado a las distintas comunidades autónomas, pero el gobierno y todos sus interlocutores territoriales saben la tragedia que se cierne sobre sus cabezas: se trata de una cuestión que se puede tratar, pero seguro que al final va a haber vencedores y vencidos dado que a estas alturas de la película ya nadie entiende de nacionalidad española, ni siquiera de partidos políticos con ideologías comunes, no digamos ya de solidaridad interterritorial. Cada cual a lo suyo, que son el veredicto de las urnas y, en consecuencia, de sus conciudadanos.
Extremadura se la juega de verdad. No sólo por su retraso, sino por lo que pueda hacer en los años venideros para lo cual necesita de un buen marco de financiación que garantice sus servicios básicos de educación, sanidad y dependencia.
Hoy publicamos en este periódico un profundo estudio sobre el estado autonómico español después de 35 años y los datos son catastróficos: La riqueza de nuestra tierra, nuestro Producto Interior Bruto o de renta per cápita hay que buscarla al final de todas las estadísticas. Si en el año 1980 la región contaba con el PIB per cápita más bajo de España, apenas 6.900 euros, ahí sigue, al final de la tabla más de 30 años después. Extremadura no solo mantiene la posición de cola, sino que además las diferencias con respecto a la autonomía en cabeza antes y ahora se agranda con creces. En 1980 la distancia era de 9.800 euros y en 2014 superó los 15.100 euros. Es decir, seremos más ricos que hace 35 años, estaría bueno, pero los que antes eran más ricos que nosotros ahora lo son todavía más.
Extremadura debe apelar a la solidaridad, sí, pero también buscar aliados comunes que compartan las mismas peculiaridades. No se trata de coger atajos ni de ser los más condescendientes con quienes tienen el mando, en este caso el gobierno y los territorios más ricos. Hay que hacer valer la Constitución, pero también plantear un lobby de presión territorial, por encima de los partidos, que permita a todos jugar con las mismas reglas fiscales y a la vez sufragar sus servicios propios. De lo contrario pasará como cuando se abre un melón para todos en la casa del pobre, que los más pequeños no alcanzan a la mesa de los comensales y si acaso se comen las pipas o rebañan las cáscaras.
