Perdida la guerra de los plazos, el AVE sólo debe esperar si se justifica cada uno de los aplazamientos que son necesarios para garantizar su seguridad. Las anomalías acumuladas durante la fase de exhibición del tren antes de su puesta en marcha definitiva lo aconsejan. Lo corroboran también, tanto desde el ámbito público como del privado, las organizaciones profesionales que desde hace tiempo denuncian la injerencia política en la selección de las personas y empresas más idóneas para una obra de tanta envergadura. Sigue por determinar la responsabilidad de la Administración, empezando por el ministro Francisco Alvarez-Cascos, del que dependen todos los organismos implicados.
Los últimos tres años se ha gastado mucho tiempo en discutir cómo y por dónde discurriría el tren Madrid-Cataluña, el mismo AVE que desde hace 11 años va a Sevilla (con viajes inaugurales placenteros) sin problemas. Lo que no esperaban ni los consejeros ni los alcaldes de las zonas por donde discurre, ni mucho menos el tejido empresarial y económico que necesita cuanto antes la puesta en marcha del TGV, es que el retraso, ya inevitable, responda a un cúmulo de incompetencias como las que han aflorado estos días.
