El tren de alta velocidad que unirá Barcelona y Madrid va para mucho más largo de lo que dicen los políticos. Lo advierten dos instituciones alejadas del fragor político como el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Comercio catalana. El primero advierte del cúmulo de retrasos en que ha incurrido el Ministerio de Fomento que dirige Francisco Alvarez-Cascos a la hora de ejecutar las expropiaciones de terrenos y gestionar su acondicionamiento. La segunda va más allá y denuncia que los continuos desencuentros y pactos entre los tres niveles de administración que ejercen en Cataluña, de distinto color político, para decidir por donde transcurrirá el tren, también han contribuido a que ni siquiera sepamos aproximadamente cuándo va a llegar el AVE.
El fracaso político ya no tiene paliativos. El Gobierno del PP ha sido incapaz de cumplir los plazos más razonables para que las dos capitales del Estado --a diferencia de lo que ya sucede en buena parte de la UE-- dispongan de un enlace ferroviario adecuado. Además, hay una consecuencia económica: con tanta incompetencia ponemos en evidencia nuestra imagen de país serio, porque los avatares del AVE se evalúan en todos los centros mundiales de decisión.
