WLw os municipios españoles tienen tiempo hasta el 27 de septiembre de optar al cementerio nuclear --almacén temporal centralizado-- que Enresa quiere tener terminado de aquí al año 2010.

Las magnitudes de la obra, que supone una inversión no inferior a los 540 millones de euros, la creación de 300 puestos de trabajo durante la fase de construcción y de 100 --incluidos 20 científicos-- cuando la planta entre en servicio, son los elementos más atractivos para ofrecer las 25 hectáreas que precisa la instalación, además de los ingresos que devengará por vía tributaria. Pero los alcaldes, los ecologistas y la opinión pública en general ponen en el otro platillo de la balanza los riesgos que entraña un almacén de este tipo.

Aunque en Extremadura se especuló con algunos nombres de municipios que podrían estar interesados en acoger la ubicación de este proyecto, caso de Almaraz --donde ya hay una central nuclear-- o Mesas de Ibor, lo cierto es que no hay nada tangible sobre la mesa.

El precedente de lo sucedido en el pequeño pueblo de Peque de Carballeda (Zamora), donde a la voluntad manifestada por el alcalde de presentar la candidatura del municipio siguió la protesta vecinal, la dimisión de dos concejales y la rectificación del edil, es todo un síntoma de la altísima sensibilidad de los ciudadanos ante todo lo que suena a energía nuclear.

Por más seguridades técnicas que se den y por más explicaciones que se repitan sobre la condición pasiva de la instalación: ni se producirá energía ni se hará con los residuos otra cosa que guardarlos en condiciones de aislamiento máximo. En el imaginario colectivo pesan más los accidentes nucleares, relativamente pocos, pero de consecuencias gravísimas, que cualquier otra consideración.

De ahí que hasta la fecha no se haya formalizado ninguna candidatura, aunque se han cursado decenas de solicitudes de información. Y, por las mismas razones, quiere Enresa que el ayuntamiento que finalmente acoja el cementerio lo haga mediante un acuerdo que ha de ser "transparente y voluntario". Lo que equivale a decir que los habitantes del lugar han de aceptarlo y no ha de constituir motivo de división social o de disputa política. Quizá por este motivo entienden los técnicos que lo ideal es construirlo en terrenos próximos a una central nuclear, en un municipio donde la convivencia de la población con el átomo venga de lejos.

Se trata, en suma, de una decisión muy condicionada por el factor humano y, al mismo tiempo, inaplazable. La saturación de las piscinas en las que las centrales guardan el combustible inservible, pero que se mantendrá activo todavía durante mucho tiempo, tienen una capacidad limitada. Además, los residuos que las centrales españolas tienen depositados en La Hague (Francia) deberán repatriarse a partir del 2010. Todo lo cual hay que entender en gran medida como uno de los costes del progreso de pago ineludible.