Fueron los hombres y mujeres de ciencia los primeros en preocuparse de un problema sobre cuyas consecuencias ya hace tiempo que los grupos ecologistas vienen alertando. Pero hasta 1992 no dio Naciones Unidas el salto cualitativo que, con la Convención Marco sobre cambio climático, suscrita en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, hizo posible la firma del Protocolo de Kioto, en 1997, comprometiéndose a reducir las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero, y consecuentemente responsables del cambio climático.
A día de hoy todas las alarmas han avisado y ya nadie duda sobre las consecuencias de un fenómeno cuya evolución determinará las posibilidades de supervivencia de muchas especies y, en general, unas nuevas condiciones de vida sobre el planeta, a las que muchas de ellas no podrán sobrevivir.
El problema es de tal envergadura mundial que hasta el Gobierno de Estados Unidos, que es el país más contaminante del mundo, seguido de China, y que hasta ahora se ha negado a ratificar el Protocolo de Kioto, parece comenzar a tomarse en serio el problema, y se ha reunido con los países del G8+5 (EEUU, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, y Reino Unido), para abordar el Cambio Climático.
La última previsión para la Península Ibérica, indica que, de continuar la tendencia, la temperatura subirá entre dos y cinco grados del 2041 al 2070, correspondiendo el aumento más extremo a las zonas del interior, incremento que del 2071 al 2100 será de entre cuatro y ocho grados, siempre en función del futuro control de las emisiones, y que también cambiará el régimen de lluvias, con una reducción prevista que podría llegar el 40% en la mitad sur.
Para combatir este fenómeno, y en cumplimiento de los acuerdos de Kioto, el Gobierno de España --país donde se da la paradoja de que siendo poco consumidor de energía, en comparación con muchos de sus socios de la UE, tiende a alejarse progresivamente de los compromisos asumidos contra el cambio climático-- , acaba de presentar el primer borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Cambio Climático.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona , parte de un informe Basado en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En el estudio se recogerán los posibles escenarios climáticos regionales, a que podría dar lugar el impacto de dicho cambio, en las próximas décadas; se analizará la pérdida de biodiversidad, la disminución de los recursos hídricos disponibles, y los efectos sobre el litoral español, aspectos que además de acarrear importantes efectos económicos sobre el turismo (de playa y nieve), afectan gravemente a la agricultura, y a la propia salud humana.
En España, país al que los cambios afectarán de manera trascendental, nos encontramos con el inconveniente añadido, a la hora de tomar medidas, de la irregular distribución de las industrias contaminantes, históricamente concentradas en las zonas más desarrolladas del Estado, frente a otras regiones consideradas como Objetivo 1 por la UE (Extremadura, Andalucía, Galicia, o Castilla-León), con un PIB por debajo de la media comunitaria (un 75%), y cuyo desarrollo económico, avalado por la propia política de cohesión de la Comunidad europea, va indisolublemente ligado a un cierto grado de desarrollo industrial, que implica unos mínimos niveles de polución e impacto ambiental, inevitables.
En este marco, y teniendo en cuenta, que las zonas econonómicamente más desarrolladas del país, son las mayores productoras de gases nocivos, y por tanto las más obligadas a controlar sus emisiones, mientras que regiones que han llegado tarde al desarrollo industrial y permanecen prácticamente vírgenes, están en su derecho de alcanzar el límite de la cuota de emisiones legalmente permitida --pudiendo incluso aumentar considerablemente el número de las mismas-- , no parece fácil que las comunidades autónomas se pongan de acuerdo con el ministerio.
Estaríamos hablando de reconvertir o incluso de desmantelar industrias en zonas de mucha polución, y favorecer su instalación, en cambio, en zonas, como Extremadura, donde el deterioro ecológico es mínimo, y la necesidad de crecimiento máxima, defendiendo unos mínimos principios de equidad, a pesar de la utilización política que pudiera hacerse de estas medidas aparentemente discriminatorias.
Duro trabajo el de Cristina Narbona, cuyo Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando varios estudios sobre los efectos del cambio climático en algunos sectores, y cómo podría afectar este fenómeno global al litoral español, centrados en la pérdida de biodiversidad, en la menor disposición de recursos hídricos, y en sus efectos económicos, como consecuencia del calentamiento global, el de encajar esta pieza en el puzzle de la convergencia, que implica, para las regiones atrasadas un desarrollo económico que, aparte del sector primario, y de servicios, cuente con y un suficiente desarrollo industrial.
*Profesora de Secundaria
