WEw l Gobierno, desbordado por la inmigración irregular que no cesa y hostigado por el PP, se muestra dispuesto a modificar la ley de extranjería del 2003, aprobada con Aznar en el poder, cuyo reglamento se desarrolló ya bajo mandato socialista. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, lo confirmó el martes y abogó porque el cambio legislativo --uno más-- obedezca al consenso de las fuerzas parlamentarias. Y la vicepresidenta De la Vega ha ofrecido al PP un "gran pacto nacional por la inmigración" para buscar soluciones compartidas y eliminar la cuestión de la pugna política.

Como era de esperar, el partido de la derecha ha rechazado el pacto ofrecido por De la Vega, a pesar de la reiterada exigencia de Mariano Rajoy de endurecer la política migratoria del Gobierno socialista, a la que atribuye todos los males, en particular la regularización de los sin papeles que ya vivían y trabajaban en España, pero que carecían de los derechos de los que son acreedores. El PP no va a soltar la presa cuando la ha mordido, aunque el conflicto afecte a una cuestión de Estado que requiera el acuerdo de quien gobierna y de quien puede hacerlo pasado mañana, sea la inmigración, la lucha antiterrorista o la política exterior.

Aunque no se conoce el sentido de la reforma en la que piensa el Gobierno, de las palabras de responsables gubernamentales --De la Vega, Pérez Rubalcaba, Caldera y el propio Zapatero-- y del PSOE --José Blanco-- puede deducirse fácilmente que irá encaminada a facilitar la expulsión de aquellos inmigrantes que ingresen irregularmente en nuestro país, como ya lo ha empezado a hacer con algunas decenas de senegaleses. "Quienes entren ilegalmente en España, serán repatriados", advirtió días atrás la vicepresidenta.

La esperanza puesta en la ayuda europea para frenar la inmigración irregular procedente de Africa, o al menos para atemperar su impacto en nuestro país, se ha mostrado ilusoria. Los centros de acogida están desbordados, las imágenes de los cayucos inundan las teles, los autocares cruzan los Pirineos. De ahí el endurecimiento legal que se avecina. Que un país no puede acoger a todos los inmigrantes que llaman a su puerta es una evidencia. Nadie tiene una varita mágica, pero el fenómeno migratorio, alimentado por las cada día más graves diferencias de riqueza y salud entre el norte y el sur, es demasiado complejo como para querer solucionarlo expulsando sin papeles a mansalva. Es tan obvio que causa rubor tener que recordarlo.

También causa rubor tener que recordar que la avalancha de cayucos a las costas canarias no es un problema de esa autonomía, sino de España y de la Unión Europea. Por eso resultan impresentables las reticencias de algunas comunidades --no es el caso de Extremadura, sino al contrario: esta región va a duplicar sus plazas fijas y es la tercera en acoger inmigrantes-- a solidarizarse con este problema. ¿Cómo vamos a pedir ayuda a Europa si no nos ayudamos entre nosotros?