Tres militares del Ejército español, el general Vicente Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, fueron condenados ayer a penas de cárcel por un delito de falsedad en documento público. Los tres fueron los responsables de certificar la repatriación de los cadáveres del avión Yak-42 accidentado en Turquía el 26 de mayo del 2003. Su delito consistió en firmar los documentos de identificación de todos los restos, cuando por la naturaleza del siniestro era necesario hacer más pruebas de ADN y similares. Los tribunales han demostrado que hubo 30 identificaciones erróneas. Y en el juicio ha quedado probado que los tres militares responsables de esa operación actuaron de forma poco profesional y nada humanitaria movidos por las prisas. Había que celebrar un funeral de Estado en Madrid y enterrar a los muertos cuanto antes. Gran error.

La sentencia dictada ayer por la Audiencia Nacional es justa, y las penas son las adecuadas, teniendo en cuenta que no había delito continuado. Pero queda pendiente el asunto de las responsabilidades políticas. En una democracia avanzada no tiene sentido que quien era ministro cuando se produjo tan tremendo desaguisado, Federico Trillo, siga ocupando un asiento en el Congreso de los Diputados y sea, nada menos, que el máximo responsable de justicia en la dirección del Partido Popular. El presidente de este partido, Mariano Rajoy, tiene ante sí una decisión grave. Trillo anunció ayer que no piensa presentar la renuncia, por lo que el PP volverá a aparecer ante la opinión pública como un partido que ejerce la crítica desaforada contra sus adversarios, pero que es incapaz de asumir las responsabilidades propias. El exministro y el expresidente Aznar no fueron llamados a este juicio, ni siquiera como testigos --en una decisión que irritó a los familiares de las víctimas de aquel accidente--, porque solo se juzgaba la falsedad en documento. Puede ser un argumento aceptable en el plano penal, pero no en el político. Sobre todo, porque es evidente que si se aceleraron inapropiadamente las tareas de identificación de los cadáveres fue porque se quería zanjar cuanto antes el penoso asunto del Yak.

Eso, desde luego, no exculpa a un Ejército que estuvo muy lejos de lo que deben ser unas Fuerzas Armadas de un país avanzado, bien organizadas y con mandos responsables aun en las misiones más desagradables, como la de devolver a su país a unos soldados muertos en un avión que nunca debió ser contratado.