Profesor
El señor Ibarreche es español, aunque a él no le haga gracia alguna quizás. Como cualquier otro español, el señor Ibarreche está protegido por la Constitución y por lo tanto tiene derecho a expresar públicamente sus opiniones, por muy trasnochadas y bárbaras que les puedan parecer a los demás. Puesto que se dedica a la actividad política, noble entre los nobles, el señor Ibarreche está obligado a presentar sus propuestas en los órganos políticos correspondientes. En su caso el Parlamento vasco.
El Parlamento vasco está legítimamente constituido para discutir propuestas políticas y tiene la potestad de aprobarlas o reprobarlas con arreglo a las reglas del juego que nos hemos dado los españoles, como cualquier otra comunidad autónoma. Por lo tanto el Parlamento vasco tiene derecho a discutir y aprobar o reprobar el Plan Ibarreche , que es una opinión política. Otra cosa es que si fuera aprobado sirviera para algo. Porque si fuera aprobado en dicha sede, sería recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, que con toda seguridad lo declararía inconstitucional, y en último término pasaría a las Cortes Generales para que lo rechazaran o lo ratificaran. Dadas las mayorías actuales a nadie se le ocurre que el tal plan fuera aprobado y por lo tanto sería papel mojado. Pero entonces, ¿por qué se está armando el lío que se está armando? Porque si el plan es rechazado en las Cortes y a pesar de ello el señor Ibarreche lo pone en marcha o convoca un referéndum sobre la autodeterminación se le debe aplicar una ley ya existente que prohíbe a un servidor público asumir funciones que no le corresponden.
Las diferencias políticas deben sustanciarse en instancias políticas. Aunque muchos españoles no estén de acuerdo con el plan o la autodeterminación, sí lo están muchos españoles del País Vasco. ¿En nombre de qué constitución se les puede impedir que piensen como quieran? ¿En nombre de qué derechos se les puede impedir que discutan sobre sus proyectos políticos? La cárcel no cambia las ideologías y si se trata de nacionalismos, los potencia, porque el nacionalismo es, en primer lugar, un sentimiento y, como sabe cualquiera, un sentimiento no se puede castigar, lo que se castigan son las conductas. El problema no está en que defiendan el nacionalismo o incluso el separatismo. El problema estaría en que utilizaran la fuerza para hacerlo y sus relaciones con el mundo etarra fueran más allá de las conversaciones para llegar a la connivencia. Pero en ese caso hay leyes que se les deberían aplicar y si no se las han aplicado será porque no está comprobado.
Estamos entrando en una dinámica muy peligrosa. Porque al nacionalismo vasco trasnochado, rancio y victimista se le está oponiendo un nacionalismo españolista no menos rancio y trasnochado que además es miope, electoralista y frentista. La foto de Atutxa en la escalera del Tribunal Superior vasco le va a dar más votos al PNV que toda la propaganda que ha hecho en los 25 años de Constitución. A cambio es posible que a otros les dé más votos en el resto del Estado. Poner sordina a las opiniones y reformar las leyes subrepticiamente y a la carta es caminar por la tenebrosa senda del prefascismo.
