TNtos espera un tránsito agotador en este proceso de esperanza que ha nacido para la erradicación de la violencia. Cada decisión judicial va a ser analizada con la lupa extrema de quienes en el fondo no quieren que las cosas salgan bien. En la base de toda esta situación esquizofrénica está la inmadurez de un país que no ha asentado el consenso básico de confianza en las instituciones del Estado. Cualquiera que no esté conforme con una resolución judicial --o sea contraria a sus intereses-- se permite el lujo de desacreditar la Justicia como institución, ventilando la sospecha de que siempre está a favor de algún interés inconfesable.
Arnaldo Otegi ha sido condenado a quince meses de cárcel en una sentencia que no es todavía firme. En consecuencia, no se ha ordenado su ingreso en prisión porque la vía del recurso está abierta ante el Tribunal Supremo. No hay nada irregular. Los que quieren ver esta situación con buenos ojos determinarán que la Justicia, que no entiende de razones extra procesales, ha determinado que existía un delito y ha procedido a condenar en consecuencia. Quienes quieren torpedear este proceso se fijarán en que Otegi no ha sido conducido a prisión y colegirán que hay un pacto espurio para dejarlo en libertad.
La mayoría de los países democráticos tienen un consenso básico e inquebrantable sobre unas cuantas cosas que constituyen la esencia y el soporte del estado de derecho. Una de ellas es la independencia de la Justicia, que nadie se atreve a poner en entredicho salvo que disponga de pruebas para interponer un proceso judicial contra el presunto prevaricador.
En España nos damos el lujo de poner las instituciones del Estado en entredicho porque hay una caterva de políticos y periodistas que todavía no han cumplido la mayoría de edad democrática. Y eso ocurre en todos los bandos.
*Periodista
