El acto celebrado ayer por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados para reivindicar la Constitución es un paso más --y esta vez utilizando una institución de todos, como es la Cámara baja-- en la estrategia de los populares de erigirse en únicos defensores del texto que consagra el sistema de libertades que rige en España desde hace 25 años.
Se trata de un pérfido intento de arrinconar a los demás partidos que impulsaron el gran pacto constitucional, casi todos ellos con más fervor que la entonces llamada Alianza Popular. Al apropiarse de la Constitución, el Partido Popular se arroga además el derecho de velar por su inmutabilidad, es decir, de frenar cualquier intento de cambiar un texto que, como toda ley, está sometido a la evolución de la historia y debe responder con correcciones en su articulado a las nuevas necesidades de la sociedad.
Que el nuevo líder del PP, Mariano Rajoy, haya optado por una política tan inflexible con los cambios de la Constitución revela un descorazonador seguidismo de la línea impuesta por Aznar. Hasta Manuel Fraga, uno de los padres del texto, admite que la Carta Magna puede ser cambiada, siempre que exista amplio consenso. Pero Aznar y, al parecer, también Rajoy entienden poco de consensos.
