Con un aplauso en el Parlament de la mayoría independentista tras aprobar la ley del referéndum y una solemne firma del decreto de convocatoria en el Palau de la Generalitat, las instituciones de autogobierno de Cataluña formalizaron ayer el choque con las del Estado. Con el decreto que firmó, Carles Puigdemont ha convocado a los catalanes a una consulta de autodeterminación que es ilegal según el ordenamiento constitucional que en su momento una mayoría de catalanes aprobó en referéndum. La consulta está supuestamente amparada por una ley aprobada tras violentar las normas del Parlament en un penoso espectáculo carente de garantías democráticas y en el que se excluyó a la mitad del hemiciclo. Se consuma de esta forma el fracaso de la política y se abre un panorama desconocido no solo en el camino que debe llevar al 1-O, sino, sobre todo, el 2-O, cuando los actores hasta el momento han sido incapaces ni siquiera de dialogar se supone que deben zurcir lo descosido y reconstruir lo quemado.

La solemne firma de convocatoria por parte del president de la Generalitat llegó después de una larga, extenuante y bochornosa jornada en el Parlament en la que la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP forzaron hasta el quebranto las normas de la cámara para tramitar la ley del referéndum y, posteriormente, aprobarla. El filibusterismo que practicó la oposición -armada con argumentos técnicos- no le sirvió para frenar la votación porque la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se alineó sin complejos con la mayoría parlamentaria independentista. El papel de Forcadell en la jornada de ayer es una de los más penosos que se ha visto en un hemiciclo desde la reinstauración de la democracia en España, representante de una facción parlamentaria y no garante de los derechos de todos los diputados. Bajo su presidencia, una exigua mayoría parlamentaria ignoró y menospreció a la mitad del hemiciclo, lo que equivale a ignorar y menospreciar a la mitad de los catalanes.

La respuesta del Estado fue la previsible. Mariano Rajoy ordenó a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) para que paralice la decisiones del Parlament, y que dilucide si hay responsablidades penales de Forcadell y los miembros de las Mesa del Parlament que autorizaron la tramitación exprés de la ley del referéndum. Es el habitual recurso a la justicia, la herramienta que ha usado el Gobierno a lo largo de los últimos años y que se ha demostrado tan estéril como las escapadas hacia adelante del independentismo.

No cabe llevarse a engaño: lo que se rubricó ayer en realidad fue un fenomenal fracaso colectivo, un desastre político del cual hay muchos responsables (no solo la deriva del soberanismo) y una crisis institucional en España sin precedentes desde la reinstauración de la democracia. Lo que ayer se firmó es la ruptura del orden constitucional, el quebranto del Parlament, la conversión de la Generalitat en una institución que ya no representa a todos los catalanes sino tan solo a un proyecto político que, si bien es legítimo, se ha embarcado en una aventura irresponsable e ilegal a la que han arrastrado a unas instituciones que son, y deberían continuar siendo, de todos.