El Tribunal Constitucional ha desestimado la doble impugnación que presentó el anterior Gobierno a la tramitación del plan Ibarretxe. Por lo tanto, el proyecto podrá ser debatido en el Parlamento vasco. Impedirlo, como pretendió el Ejecutivo de Aznar, hubiese sido una censura que desvirtuaría la libertad de debate democrático en las instituciones, y sentaría un precedente contra la autonomía de los poderes legislativos. Otra cosa es que una resolución en firme de una Cámara exceda a sus competencias, como ocurriría si el Parlamento vasco lo aprueba tal como está. Pero ése será, en todo caso, un tema para más adelante.
Escandaliza que esta decisión judicial se haya tomado tan mediatizada por el calendario electoral, retrasándola cuando ya había una decisión mayoritaria de los jueces. Esta no es manera ni de hacer justicia ni de dar el ejemplo que siempre debe proporcionar el Constitucional. El tribunal no dice que el proyecto de Ibarretxe sea constitucional. Sólo indica que no puede enjuiciarlo hasta que no exista en forma de proyecto de ley aprobado. El PNV debería aprovechar esta victoria moral para reconducir en la Cámara vasca el alcance y la forma del plan del lendakari.
