En 61 años el concepto Derechos Humanos se ha incorporado al vocabulario cotidiano, a la educación, al periodismo e incluso a la política. Esta difusión masiva ha permitido que muchas personas comprometidas, en países donde un ser humano aún no tiene garantías de una vida digna, se atrevan a reivindicar los Derechos Humanos sin miedo y sin sensación de estar pidiendo un favor. En España y en Extremadura, la mayoría tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Sentimos bienestar, tranquilidad, felicidad. Pero aquí también convivimos con la vulneración de derechos, las desventajas y el trato desigual a una persona por sus circunstancias, como Adhex denuncia desde 1997.
De hecho, en Extremadura tenemos, más cerca de lo que podemos imaginar, la violación más flagrante de los derechos humanos en pleno siglo XXI: la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Estas mujeres viven en un entorno opresivo, de amenazas y verdadera esclavitud que pisotea sus derechos fundamentales a diario, empezando por su integridad física y su libertad. La sociedad no puede ignorar este hecho y debe adoptar una tolerancia cero, como se hizo con la violencia de género.
XLAS PRISIONESx extremeñas tienen 1.408 personas reclusas según las últimas cifras oficiales. Supone el doble de las plazas disponibles. La privación de libertad está contemplada como una medida para lograr la reeducación y reinserción social. Sin embargo, el hacinamiento complica la convivencia y el trabajo cotidiano, afectando a la eficacia de programas médicos o de formación y obstaculiza el acceso a todos los servicios y derechos (desde la alfabetización y la formación, hasta aspirar a un trabajo o acceder a un tratamiento sanitario adecuado). Se perjudica el derecho al trabajo (los programas de inserción laboral o talleres ocupacionales serían más eficaces con menos personas reclusas por centro). En cuanto al derecho a la salud, estar en prisión exige trámites que pueden retrasar el acceso a especialidades médicas o al hospital; asimismo, las personas con enfermedad mental deberían estar en centros específicos bajo un tratamiento especializado según su enfermedad. A pesar del esfuerzo de Instituciones Penitenciarias por mejorar los centros penitenciarios, lo cierto es que las instalaciones, los recursos y el personal no son suficientes.
Las mujeres reclusas en prisiones extremeñas siguen padeciendo una drástica desigualdad por estar internas en prisiones masculinas: conviven en un único módulo que se habilita para ellas y sólo pueden acceder a los recursos del centro cuando los hombres no los están utilizando. En Extremadura no hay unidades maternales, por lo que las internas madres tienen que optar por cumplir su condena en otra comunidad, o separarse de sus hijos/as menores de tres años, como dice la ley. Por otra parte, otra vulneración destacable es la que sufren las personas extranjeras en prisión. Si no tienen vínculos familiares deben permanecer en prisión preventiva a la espera de juicio y les es muy difícil que se les conceda un permiso de salida o el tercer grado; si lo consiguen, disponen de escasos recursos (como pisos tutelados) donde poder quedarse. Quienes no dominan el idioma no conocen bien sus derechos y cómo defenderlos.
Adhex tiene una Oficina de Atención de personas extremeñas encarceladas en el extranjero, en muchos casos en condiciones muy precarias. El Ministerio de Asuntos Exteriores está obligado, a través de los distintos consulados, a visitar a esa persona al menos una vez cada 6 meses. Sin embargo, estas visitas no se producen con regularidad y las ayudas económicas no llegan a tiempo. En estos últimos meses muchas de estas personas han dejado de recibir la ayuda estatal ya que, según la Dirección General de Asuntos Consulares, el presupuesto se ha terminado. Además, si sus familiares o Adhex intenta contactar con el consulado, pueden tardar días en atender el teléfono.
Por otro lado, recientemente se ha reformado (por cuarta vez en los últimos nueve años) la Ley de Extranjería que, por fin, reconoce los derechos de reunión, manifestación, asociación y libertad de sindicación a todas las personas inmigrantes, no sólo a quienes tenían residencia. No obstante, el objetivo de esta reforma sigue siendo controlar los flujos migratorios y las fronteras, en absoluto mejorar la dignidad de las personas inmigrantes. Así, el aspecto más negativo es la ampliación de los períodos de internamiento en los CIE, bajo unas condiciones deplorables de privación de libertad. Esto criminaliza lo que simplemente es una situación de irregularidad administrativa.
Tener nuestras necesidades cubiertas nos puede llevar al conformismo, a la pasividad y al olvido o, por el contrario, a la implicación, al compromiso y a ponernos en el lugar de otras personas. Luchemos.
