Hablar de huelga en la Administración de Justicia es presuponer, y con acierto, que los asuntos judiciales que los ciudadanos apreciamos generalmente lentos se van a dilatar aún más en el tiempo. Pero también es de justicia reconocer que por un mismo trabajo en una misma Administración, un funcionario debe tener los mismos derechos ejerza su labor en una localidad catalana, madrileña, vasca..., o la realice en una extremeña.

Es por ello, y pese a los perjuicios que se reconoce se están produciendo, que los funcionarios de la Administración de Justicia de Extremadura, como los de las otras seis comunidades que aún dependen del Ministerio por no tener sus gobiernos autónomos asumidas las competencias en esta materia, están contando con el apoyo y la solidaridad de magistrados, jueces, abogados, procuradores...

También quieren contar con el apoyo de los ciudadanos, algo que quizás no les sea tan fácil conseguir, por aquello de que desde fuera es difícil comprender una labor nunca ejercida. Luchar por sus derechos es algo reconocido a todo trabajador, y el Ministerio de Justicia debe buscar las fórmulas necesarias para darles una rápida solución.