XUxltimamente la mayoría de las noticias que hacen referencia a nuestros mayores, salvo las más halagüeñas y que son utilizadas por algunos como mera propaganda partidaria, parecen estar relacionadas con situaciones penosas e ingratas, que nos deberían hacer reflexionar sobre sus razones y consecuencias.
El envejecimiento de los ciudadanos debería ser un derecho. Parece que olvidamos en demasiadas ocasiones que las generaciones anteriores a la nuestra, durante gran parte de su existencia han estado colaborando activamente con su esfuerzo intelectual y manual al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Estas referencias nos obligan a exigir de los gobiernos un mayor compromiso de cara a garantizar unos determinados niveles de calidad en los servicios y demandas que este importante sector de nuestra sociedad tiene.
Entre ellas estás las personas dependientes, es decir, aquellas que con el aumento de la esperanza de vida necesitan en su último periodo actuaciones que aminoren sus déficits en aspectos vitales como: la movilidad, la consciencia, la sordera, la ceguera, en una palabra, a cuestiones básicas de la vida cotidiana.
Este cuidado y atención está siendo asumido con gran angustia y preocupación por numerosas familias, que no saben cómo afrontar con garantías este proceso. Hasta hace unos años la atención y el cuidado recaía en determinados miembros de la unidad familiar, sobre todo las mujeres, que han venido desarrollando tradicionalmente esta tarea. Pero ahora es prioritario que desde las instancias políticas se considere la atención a la dependencia como un derecho fundamental.
Tenemos la obligación de evitar la intranquilidad de muchos mayores y sus familias. A buscar entre todos una solución a sus demandas. A no permitir escandalosos casos de desamparo y abandono. A regular, por la escasa oferta de plazas públicas, los excesivos abusos de determinadas ofertas privadas por la atención a nuestros mayores y garantizar su seguimiento. A potenciar y ampliar los programas básicos de atención. En definitiva, a exigir en el ámbito de la responsabilidad pública y en la sociedad civil la consideración de la atención a la dependencia como un derecho ciudadano.
Desde nuestro punto de vista se deberían asumir ya una serie de compromisos: garantizar en todo el Estado la igualdad y calidad de acceso a las prestaciones y programas de las personas dependientes; impulsar y compartir por las tres administraciones públicas la atención a la dependencia; ampliar la dotación de recursos vía presupuestos a los programas y servicios de atención (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, residencias, el apoyo a las familias...).
Estas consideraciones, que son un fiel reflejo de las preocupaciones que tienen en la actualidad numerosas familias afectadas por este tema, deberían contar con el apoyo y la iniciativa política para resolverlas. Va siendo hora de plasmar soluciones concretas y dotarlas financieramente, porque de nada nos sirve que se describa un espléndido catálogo de prestaciones, si al final no hay recursos económicos para llevarlos a efecto.
En el ocaso de la vida debemos facilitar y aminorar las consecuencias inevitables de nuestra senectud. Debemos hacer un esfuerzo por garantizar la dignidad de todas aquellas personas que por inexorable paso del tiempo necesitan de nuestro ciudadano. Primero porque se lo merecen y segundo porque es condición humana.
*Secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Extremadura
