TEtl Gobierno actual del PSOE ha abierto un debate sobre la reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que fue aprobada hace sólo dos años por el gobierno anterior del PP, que a su vez modificó la LOGSE, que había sido aprobada en 1990 por otro Gobierno del PSOE, de manera que en algo más de 14 años ha habido tres reformas o contrarreformas, además de otras modificaciones parciales y rectificaciones.
En el actual debate iniciado por el Gobierno, una vez más se están produciendo ciertos hechos que poco o nada tienen que ver con la búsqueda de soluciones a las necesidades reales que la sociedad española tiene planteadas en el campo de la educación, ya que se está tomando partido, de forma radical, en favor o en contra del texto presentado desde posturas políticas o ideológicas, de manera que el debate que debería ser reposado, razonado y técnico, orientado exclusivamente a la búsqueda de soluciones, está empezando a degenerar en una gresca política, una más, en la que los ruidos no nos están permitiendo distinguir con claridad las ideas, y en estas situaciones, al final, no obtendremos ningún resultado y vuelta a empezar.
En este panorama parece imprescindible que se introduzcan elementos de moderación, y sobre todo de razón y objetivación, que sosieguen el debate y reconducirlo de manera eficiente, de modo que se puedan conseguir los mejores resultados.
En principio hay que hacer constar que tanto el debate planteado como la nueva ley que se pretende, son desde un punto de vista puramente técnico, poco justificables o necesarios, ya que en la actualidad existe una ley en vigor, la LOCE, que se encuentra en fase de implantación y cuyos resultados no hemos podido valorar, habida cuenta que no se ha puesto en funcionamiento íntegramente, de manera que la crítica que en el texto para el debate se hace de ella, resulta incomprensible, técnica y objetivamente hablando. No sabemos qué sectores de la comunidad educativa la consideran insatisfactoria, y sin embargo sí sabemos que una parte importante del profesorado, especialmente el de Secundaria, se sentía identificado con muchas de sus propuestas.
Tampoco los cambios en el contexto social, en tan poco tiempo, pueden justificar la redacción de una nueva ley, máxime cuando ya se han venido teniendo en cuenta en las normas anteriores. Sí hubiera cabido una adaptación educativa para el caso del alumnado inmigrante, pero podía haberse incluido, junto con alguna otra modificación, en la LOCE.
Dicho esto desde un punto de vista exclusivamente técnico, comprendemos perfectamente que el nuevo Gobierno, desde perspectivas políticas, de compromiso electoral o ideológicas, quiera hacer su propia ley, como en su día hizo el PP. Ahora, en medio está la sociedad cuyos intereses y necesidades educativos son los que hay que satisfacer, y que por desgracia con frecuencia han pasado a segundo plano en beneficio de intereses dimanantes de las relaciones interpartidistas.
Con todo y sin lugar a dudas, el pretendido debate, y decimos pretendido porque no sabemos qué consideración van a tener en la redacción de la futura ley sus resultados, en sí mismo ya es positivo para conseguir un gran pacto de Estado sobre la Educación, que acabe con la espiral interminable y nefasta de reformas y contrarreformas.
También consideramos muy positivo el realismo del documento. Cualquier profesor se sentirá identificado con la mayoría de los problemas planteados en el texto. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no con las soluciones propuestas. El realismo del documento hace que se admitan sin ningún problema cuestiones que hace poco eran tabú, como la existencia de una minoría de alumnos que rechazaban la enseñanza de forma a veces violenta, los que han sido llamados, en ocasiones objetores escolares .
También son positivos los conceptos de calidad y equidad , con alguna precisión, que aparecen en el texto y sobre los que se pretende basar la exposición de principios: "La educación debe esforzarse en compensar las desigualdades de contextos sociales, culturales y educativos..., se trata de lograr una educación de calidad con equidad, una educación de calidad para todos". Nosotros precisaríamos que la equidad significa dar a cada uno según su necesidad y exigir de cada uno según su capacidad, lo que tendría claras consecuencias a la hora de enfocar la enseñanza en la diversidad y a la hora de aquilatar y precisar el mismo concepto de calidad en la educación, al entender la educación como algo vivo y vital, al tiempo que desarrolla la dinámica de la propia individualización de la persona.
Sin definición previa de conceptos nos situamos constantemente en el equívoco, lo que hará estéril no sólo el debate sino simplemente la intelección de los problemas. El texto que se encuentra ordenado en siete bloques debía, además, recoger:
1.-Financiación y compromiso de los organismos implicados en el desarrollo de la ley. 2.-Competencias de la inspección educativa. 3.-Definición y funciones de la alta inspección. 4.-Especificación de la financiación de las distintas administraciones y el peso específico de cada una de ellas.
El calendario del debate es muy precipitado, no se le ha dado publicidad suficiente, ni cauces adecuados en los centros, ni en el ámbito social; y de una vez se debería promover y alcanzar un pacto de Estado para conseguir un sistema educativo estable, homogéneo y homologable, en el que la alta inspección velaría por su cumplimiento.
Naturalmente las autoridades educativas deben abandonar toda tentación de dirigir los resultados de los debates y favorecer la libre manifestación de criterios y opiniones y en su caso atender las mayoritariamente más aceptadas y acertadas.
Por nuestra parte no vamos a regatear esfuerzos en debatir y dar a conocer nuestras opiniones en los medios de comunicación y allá donde se nos pida.
*Presidenta Regional de ANPE
